A partir de este miércoles, los establecimientos educativos en Chile podrán incorporar pórticos detectores de metales en sus entradas, una medida que forma parte de la nueva Ley de Convivencia Escolar. Esta iniciativa surge en respuesta al creciente aumento de denuncias por violencia en las escuelas, así como a la percepción general de inseguridad en los colegios. Casos recientes, como el de Calama, donde un estudiante asesinó a una docente, han intensificado la preocupación sobre la seguridad en los centros educativos. La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó la necesidad de «tomar medidas extraordinarias» para proteger a la comunidad educativa.
La violencia escolar ha cobrado protagonismo en el debate nacional, especialmente tras el ataque de Hernán Meneses, un estudiante de 18 años que mató a una inspectora e hirió a cuatro personas en un colegio de Calama. Según una encuesta de Cadem, el 78% de los chilenos considera que este incidente es un síntoma de un problema más amplio en el país, y un 90% opina que los colegios públicos son lugares inseguros. Entre las causas mencionadas por los encuestados se encuentran problemas de salud mental y situaciones de delincuencia.
Un reciente incidente en Curicó, donde un estudiante de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela, ha reforzado las advertencias del gobierno. El presidente José Antonio Kast instó a los padres a tomar conciencia de la necesidad de implementar medidas adicionales para proteger a los alumnos. “No es la solución a todos los problemas, pero necesitamos asegurar que la escuela sea un lugar seguro”, enfatizó Kast.
Características de la nueva Ley de Convivencia Escolar
La ley permite que los sostenedores de instituciones educativas implementen «recursos tecnológicos» para detectar armas y objetos peligrosos que puedan representar un riesgo para la comunidad. Sin embargo, la implementación de estos dispositivos debe contar con el consenso del Consejo Escolar y estar justificada por antecedentes válidos que reconozcan la necesidad de prevenir delitos.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, sostiene que la utilización de detectores de metales debe ser considerada solo si así lo desea la comunidad escolar. Aunque reconoce la gravedad de la situación, también advierte que es necesario abordar el problema desde una perspectiva más integral, centrada en la salud mental y la participación familiar.
Los ministerios de Educación y de Seguridad Pública están trabajando en los reglamentos necesarios para llevar a cabo esta ley. Estos incluirán mecanismos de coordinación con las fuerzas policiales y los criterios técnicos para asegurar que las medidas sean adecuadas y proporcionadas. La normativa también requiere que los establecimientos desarrollen protocolos internos que regulen el uso de estos recursos, minimizando su interferencia en las actividades educativas y garantizando los derechos de los alumnos.
Previo a la entrada en vigor de la ley, la Superintendencia de Educación anuló un dictamen del gobierno anterior que consideraba que las inspecciones de seguridad podían vulnerar el derecho a la privacidad de los estudiantes. Sin embargo, la ministra Arzola anunció que el gobierno actual propondrá un proyecto de ley para permitir revisiones de mochilas y bolsos en las escuelas, además de fortalecer los recursos pedagógicos para manejar conflictos en el aula.
