La Comisión Europea ha exigido a Estados Unidos el cumplimiento del acuerdo comercial firmado en verano de 2025, que fue negociado por el entonces presidente Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este pacto implicaba que Bruselas aceptara un arancel del 15% para productos europeos a cambio de que Washington redujera ciertos gravámenes sobre productos estadounidenses. Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. que ha derrocado gran parte de la política arancelaria de Trump, la Unión Europea busca evitar una nueva crisis comercial.
En un comunicado emitido este domingo, la Comisión Europea subrayó: “Un acuerdo es un acuerdo”. Este pronunciamiento llega un día después de que el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, dialogara con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick. Aunque la Administración Trump aseguró que “honrará” el acuerdo, la promesa se vislumbra cada vez más lejana.
Bruselas ha solicitado a Washington “plena claridad” sobre las medidas que se implementarán tras el fallo del Supremo. La decisión ha llevado a Trump a anunciar un nuevo arancel del 15% que se aplicará a todos los países, generando preocupación en Bruselas. Este nuevo gravamen podría acumularse a otro arancel preexistente conocido como MFN (Nación Más Favorecida), que los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aplican de forma estándar a las importaciones de países sin acuerdos comerciales bilaterales.
La combinación de ambos aranceles podría superar el 15% acordado entre la Comisión y EE. UU., lo que desplazaría las ventajas competitivas otorgadas a la UE por este acuerdo comercial. Cabe recordar que el pacto fue firmado por Von der Leyen en un campo de golf en Escocia, propiedad de Trump, y ha suscitado controversia.
La Comisión Europea ha defendido que el acuerdo era la mejor opción para evitar el aumento de aranceles del 30%, que Trump había amenazado inicialmente. Sin embargo, muchos críticos consideran que el pacto favorece desproporcionadamente a Estados Unidos: la UE redujo varios gravámenes sobre productos estadounidenses y se comprometió a adquirir productos energéticos del país norteamericano por un valor aproximado de 750.000 millones de dólares.
Para la UE, el acuerdo comportaba tanto una intención política como legal. La parte legal, que involucra la suspensión de aranceles sobre productos industriales estadounidenses y un sistema para fomentar la compra de productos agrícolas, aún necesita la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE. La Eurocámara estaba programada para votar sobre el pacto la próxima semana; no obstante, tras la reciente sentencia del Supremo, aumenta la presión para paralizar no solo esa votación, sino el pacto entero.
El Ejecutivo comunitario advirtió que “la situación actual no es propicia para lograr un comercio y una inversión transatlántica ‘justa, equilibrada y mutuamente beneficiosa’, como ambas partes habían convenido”. La Comisión reiteró que los productos de la UE deben seguir disfrutando del trato más competitivo, sin incremento de aranceles más allá del límite previamente acordado.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario subrayó que la aplicación impredecible de aranceles resulta disruptiva, socava la confianza y estabilidad de los mercados globales, y añade incertidumbre a las cadenas de suministro internacionales.
