Controversia Legislativa en Chile tras Elección de José Antonio Kast

Apenas finalizaron los actos protocolares tras la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile, comenzaron las tensiones entre el oficialismo y la oposición. El foco de la controversia es el artículo 14, incluido en el protocolo de acuerdo para el reajuste del sector público, firmado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con 10 gremios del sector público. Esta norma establece mayores requisitos para el despido de funcionarios a contrata, que tienen un vínculo laboral temporal, caracterizado por un contrato a plazo fijo que se renueva anualmente el 31 de diciembre.

Implicaciones del Artículo 14

Para la futura administración de Kast, que asumirá el 11 de marzo, esta norma representa lo que consideran una “ley de amarre”, ya que limitaría su capacidad para despedir empleados. Según un análisis del centro de estudios Horizontal, vinculado al partido de centroderecha Evópoli, hasta 33,000 funcionarios que ingresaron al Estado durante la administración de Gabriel Boric podrían beneficiarse de esta medida. Sin embargo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha cuestionado esta cifra al indicar que muchos funcionarios fueron simplemente trasladados entre diferentes organismos.

Elizalde aseguró que los cargos de confianza ocupados por personas que adhirieron al programa de Boric cesarán en sus funciones el 11 de marzo, permitiendo que las nuevas autoridades designen a su personal de confianza.

Detalles Normativos y Reacción de la Oposición

La norma, firmada también por el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, busca reforzar la estabilidad laboral. Establece que la no renovación de contratas en distintas reparticiones solo podrá realizarse mediante un acto administrativo fundamentado, respaldado por criterios objetivos. Los funcionarios con al menos dos años de servicio podrán apelar a la Contraloría en caso de despido injustificado, y el incumplimiento de estos requisitos resultará en la reincorporación del empleado y la obligación de pagar las remuneraciones correspondientes.

La oposición acusa al gobierno de Boric de intentar asegurar la permanencia de estos funcionarios, en un contexto donde Kast ha prometido recortes fiscales y una reestructuración del sector público. Kast ha manifestado que se debe incentivar a los empleados “que no producen ningún beneficio a los chilenos” a renunciar antes de su toma de posesión.

Reacciones de los Líderes de la Oposición

El artículo 14 ha sido catalogado por el presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, como un “amarre”, advirtiendo que podría perjudicar la relación entre el nuevo gobierno y los demás sectores. Otros líderes de la oposición, como Guillermo Ramírez y Agustín Romero, han criticado la medida, describiéndola como un “fraude a la ley” que busca rigidizar la administración pública.

A medida que se aproxima la discusión sobre esta norma en el Congreso, prevista para la primera semana de enero, las tensiones continúan en aumento. Ramírez ha calificado el artículo como “un error monumental” y ha enfatizado que en un proceso de modernización del Estado, los funcionarios deberían ser evaluados por su capacidad y no estar “amarrados” por normativas restrictivas.

Controversia en el Debate Público

El exministro de Hacienda de Boric, Mario Marcel, destacó que del total de casi medio millón de empleados públicos en Chile, alrededor de 120,000 son de planta, mientras que el resto son de contrata. Subrayó que este debate sobre la estabilidad de los empleados ha estado presente durante años sin resolverse satisfactoriamente.

En una reciente intervención, Kast reiteró que los funcionarios que no aportan a la ciudadanía deben considerar su futuro laboral, anunciando cambios drásticos durante su administración. Este creciente clima de incertidumbre y debate resalta la delicada situación que enfrenta el nuevo gobierno en su intento por implementar reformas en el sector público.