Los abogados del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones, han solicitado al Tribunal Supremo que le permita cumplir su pena en “prisión domiciliaria humanitaria”. Argumentan que su traslado a una prisión podría tener “graves consecuencias y representar un riesgo para su vida”, citando problemas de salud del exmandatario. En respuesta a la situación, Flávio Bolsonaro, su hijo y actual senador, ha convocado a los seguidores de su padre a unirse a una vigilia de oración frente a su residencia a partir del sábado por la noche.
Jair Bolsonaro busca cumplir su condena en el mismo régimen en el que ha estado en prisión preventiva desde agosto, es decir, en su hogar en Brasilia, bajo vigilancia policial y con una tobillera electrónica, medida impuesta por el juez Alexandre de Moraes para evitar riesgos de fuga.
Un caso notable relacionado es el de Alexandre Ramagem, un diputado que, junto a Bolsonaro, fue condenado a 16 años de prisión por ser parte del núcleo del golpe. Mientras el expresidente enfrenta su situación, Ramagem ha escapado a Estados Unidos y se encuentra en una urbanización de lujo en Miami. Esta información fue revelada recientemente por el medio digital PlatôBR y ha llevado a que el juez ordene su detención. Hasta ahora, es el cuarto diputado bolsonarista que ha huido al extranjero tras enfrentar cargos.
Ramagem, quien fue nombrado por Bolsonaro como director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), es comisario de policía de profesión. Las autoridades brasileñas han confirmado que tenía prohibido salir del país y debía entregar su pasaporte, que incluye uno diplomático debido a su cargo como parlamentario. Según reportes, Ramagem abandonó Brasil viajando desde Río de Janeiro a Boa Vista, capital de Roraima, un estado fronterizo, y luego cruzó la frontera hacia Estados Unidos.
Se ha especulado que Ramagem utilizó certificados médicos como parte de una estrategia para desviar la atención, lo que le permitió participar en votaciones parlamentarias incluso después de su fuga. El juez Moraes, encargado del caso, evaluará si Bolsonaro puede seguir en su hogar por motivos de salud o si debe ser trasladado a un centro penitenciario.
Esta situación de fuga de funcionarios de la administración Bolsonaro no es única. Recientemente, otra diputada bolsonarista huyó a Italia tras ser condenada a 10 años de prisión, mientras que Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, ha enfrentado cargos por coacción al tribunal que condenó a su padre y a otros implicados.
Varios seguidores de Bolsonaro también han huido del país, algunos pidiendo asilo en Argentina, y el expresidente ha considerado solicitar ayuda al nuevo presidente argentino, Javier Milei, para facilitar su salida.
