Investigación a Begoña Gómez: Declaraciones clave en el Juzgado de Instrucción de Madrid
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encabezado por el juez Juan Carlos Peinado, continúa la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este viernes, se escucharon las declaraciones de cuatro testigos de la Universidad Complutense de Madrid, quienes fueron propuestos por Gómez para respaldar su defensa. Según las fuentes, la interventora de la universidad, María Elvira Gutiérrez Vierna, ha afirmado que Gómez actuó dentro de la legalidad al firmar los pliegos de contratación del software y al registrar el dominio de la cátedra que codirigía, explicando que no se requiere cualificación técnica específica para estos documentos, sino simplemente seguir la “trazabilidad administrativa”.
Delitos en investigación
Begoña Gómez está siendo investigada por cinco delitos, entre ellos, el de apropiación indebida. La acusación sostiene que registró a su nombre el software de la cátedra que dirigía, en lugar de hacerlo a nombre de la Universidad Complutense. También se examina un posible caso de intrusismo profesional por haber firmado los pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de estudios. Las declaraciones de este viernes son fundamentales para profundizar en estos cargos.
Defensa de la legalidad en la firma
Durante la sesión, la interventora Gutiérrez reafirmó que no existía irregularidad en la firma de Gómez. A su vez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, representantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, informaron que la universidad no gestiona dominios de Internet, como el que Gómez pretendía registrar. La esposa del presidente ha sostenido que su decisión fue orientada por instrucciones de la propia Complutense. Zulema Escalante, otra codirectora del máster de Transformación Social Competitiva junto a Gómez, también confirmó que figura como titular del dominio.
Implicaciones de la asistente de La Moncloa
La investigación de Gómez también involucra a Cristina Álvarez, asesora en La Moncloa y también imputada. María Jesús Morillo indicó que su contacto en la universidad para el máster era precisamente Álvarez, quien actualmente enfrenta acusaciones de malversación de caudales públicos. La sospecha del juez es que Gómez pudo haber utilizado a Álvarez para llevar a cabo actividades privadas relacionadas con la universidad.
Requerimientos judiciales y acusación de Manos Limpias
El juez Peinado ha informado a la Presidencia del Gobierno que debe remitir documentación relevante sobre Gómez y Álvarez. Esto incluye agendas y detalles sobre los viajes de la asistente, advirtiendo que la falta de respuesta podría constituir un delito de desobediencia.
En un giro significativo, el juez Peinado ha decidido readmitir al pseudo sindicato Manos Limpias como acusación en el caso. Esta decisión se produjo tras verificar que la organización, cuya denuncia originó el proceso contra Gómez, había abonado la fianza correspondiente. Manos Limpias se suma a otros acusadores, como los partidos Vox e Iustitia Europa, y asociaciones como Hazte Oír y el Movimiento de Regeneración Política de España.
