El proyecto impulsado por Javier Milei para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años ha generado un amplio debate en Argentina. Este nuevo Régimen Penal Juvenil fue aprobado el jueves en la Cámara de Diputados con 149 votos a favor y 100 en contra. Tras más de ocho horas de discusión, el proyecto ahora se dirige al Senado para su aprobación definitiva.
Desde su llegada al poder, la política de mano dura ha sido una constante en el discurso del presidente Milei. La iniciativa de disminuir la edad de imputabilidad se convirtió en una de las primeras propuestas enviadas al Congreso, comenzando su análisis en comisiones durante 2024 y parte de 2025. El avance del proyecto fue propiciado por la reconfiguración de las cámaras, que favoreció a Milei en las elecciones de medio término.
El debate se intensificó tras el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años fallecido en Santa Fe, quien fue atacado por un grupo de menores. La madre de Jeremías se convirtió en una voz activa en pro de la reforma y se presentó en el Congreso durante la votación.
El proyecto inicialmente proponía bajar la imputabilidad a los 13 años, pero luego fue modificado tras negociaciones con aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Aunque la propuesta final quedó en 14 años, Milei había expresado que la legislación podría haberse extendido hasta los 10 años, en respuesta a casos de delitos cometidos por menores.
Actualmente, la legislación argentina establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados penalmente. Entre los 16 y 18 años, solo pueden ser procesados en situaciones de delitos graves. Las penas de cárcel comienzan a aplicarse a partir de los 18 años, siendo los institutos para menores los lugares de cumplimiento previo a esa edad.
Con la nueva legislación, adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos podrán ser juzgados y, si se demuestra su culpabilidad, se enfrentarán a una pena de hasta 15 años de privación de libertad, aunque el Ejecutivo había propuesto inicialmente hasta 20 años.
Según datos preliminares del Ministerio de Seguridad de Argentina, la tasa de homicidios cerró 2025 en 3,7 por cada 100.000 habitantes, el registro más bajo en América Latina y el Caribe. A pesar de esto, la inseguridad continúa siendo una preocupación para la ciudadanía, con encuestas que indican un respaldo del 60% a la baja de la edad de imputabilidad, llegando en algunos casos hasta el 80% de apoyo.
Un informe de la Corte Suprema de Justicia reveló que en el primer semestre de 2025 se iniciaron procesos penales contra 945 niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores, siendo en su mayoría varones de 16 y 17 años. Más del 80% de los delitos cometidos fueron contra la propiedad.
Sin embargo, voces críticas se han alzado en desacuerdo con la reforma. Obispos de la Iglesia Católica expresaron su rechazo, argumentando que esta iniciativa responde a un oportunismo electoral y carece de respaldo técnico, abogando en cambio por políticas de salud mental y educación. Asimismo, Unicef se opuso, afirmando que las medidas de privación de libertad no han sido efectivas para reducir la delincuencia o prevenir la reincidencia, abogando por una mayor inversión en políticas sociales que promuevan la educación y el bienestar de los adolescentes.
