La Fiscalía de Ecuador realizó un allanamiento este miércoles en el domicilio de Luisa González, excandidata presidencial y dirigente del movimiento Revolución Ciudadana, en el contexto del caso conocido como Caja Chica. Esta investigación se centra en un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 2023 mediante dinero ilícito proveniente de Venezuela.
Según la Fiscalía, se investiga la entrada de recursos en efectivo desde Venezuela para respaldar la campaña presidencial de 2023. A pesar de no revelar los nombres de los implicados, publicaron imágenes del operativo, durante el cual las autoridades confiscaron teléfonos celulares, pasaportes, computadoras portátiles y memorias USB.
El operativo también se extendió a dos inmuebles adicionales en Quito y Guayaquil, aunque la Fiscalía no proporcionó detalles sobre la propiedad. Sin embargo, el expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, sugirió que las propiedades pertenecen a figuras clave como el excandidato presidencial Andrés Arauz —compañero de fórmula de González—, el asambleísta Patricio Chávez y la exsuperintendenta Suad Manssur.
Contexto de Seguridad y Delincuencia
Este operativo se lleva a cabo pocos días después de que el Gobierno de Ecuador presentara un nuevo plan de seguridad. En un video de cinco minutos y medio, el presidente Daniel Noboa, acompañado por los ministros del Interior y Defensa, así como el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), expuso las medidas contra la violencia criminal. En 2023, el país alcanzó cifras históricas con 9,216 homicidios intencionales, lo que equivale a un asesinato por hora.
“La inseguridad proviene de la corrupción política”, afirmó Noboa en el video, enfatizando que la respuesta del Estado no se limita a operativos policiales y militares, sino que incluye la colaboración de la UAFE, dirigida por José Julio Neira, uno de sus funcionarios más cercanos.
Investigaciones Previas y Reacciones
Neira había anticipado la posibilidad de investigaciones contra el correísmo el pasado 3 de enero, coincidiendo con un operativo en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Al respecto, mencionó que la caída del régimen de Maduro también afecta a la red de financiamiento político que operaba desde PDVSA, con indicios de pagos vinculados a PDV Ecuador S.A. que habrían beneficiado a actores del correísmo.
Desde la Revolución Ciudadana, se rechazó la actuación de la Fiscalía, calificándola de “persecución judicial” y como una distracción ante los escándalos que involucran a la familia presidencial. Gabriela Rivadeneira, nueva presidenta del movimiento, anunció que ofrecerán una rueda de prensa en breve.
