El 24 de marzo de 1976 marca el inicio de un oscuro capítulo en la historia de Argentina, una etapa caracterizada por la represión que duró siete años y medio. Ese día, un golpe de Estado derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, dando paso a una Junta militar liderada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti. Esta dictadura se considera una de las más sangrientas de Latinoamérica, donde los regímenes militares surgieron como respuesta al avance del socialismo en la segunda mitad del siglo XX.
Contexto de la Dictadura
La Junta militar disolvió los poderes legislativos y suspendió las garantías constitucionales, prohibiendo los sindicatos y estableciendo un régimen de censura y terrorismo de Estado. Su objetivo era aplastar todo atisbo de subversión. Aunque las cifras de detenidos, asesinados y desaparecidos varían, las organizaciones de derechos humanos estiman que alrededor de 30.000 personas fueron víctimas del terrorismo de Estado. Este número simboliza la lucha por verdad, reparación y justicia, cuyo rostro más visible son las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esta lucha ha generado hitos significativos, incluyendo el primer juicio civil a una dictadura por crímenes contra la humanidad.
El Juicio a las Juntas
Cuando Argentina recuperó la democracia en diciembre de 1983 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), encabezada por el escritor Ernesto Sábato. Esta comisión investigó los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, resultando en el influyente informe Nunca más, que documentó más de 8.000 casos de tortura y asesinato. Este informe fue fundamental para las acusaciones del fiscal Julio César Strassera en el primer juicio a las Juntas. El 9 de diciembre de 1985, después de mas de ocho meses de juicio, la Junta fue condenada, incluidas figuras como Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
Las «leyes del perdón»
Un año después del juicio, la presión de los militares llevó al gobierno a promulgar las denominadas «leyes del perdón». Estas leyes, que incluían la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, buscaron frenar los juicios contra militares de bajo rango involucrados en crímenes de lesa humanidad, garantizando su impunidad. La Ley de Punto Final de 1986 detuvo los procesos judiciales pendientes, mientras que la Ley de Obediencia Debida de 1987 exculpó a los militares de bajo rango que actuaron bajo órdenes superiores.
Indultos de Menem y su Anulación
Entre 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem firmó decretos que otorgaban indultos a los jerarcas del régimen y a otros procesados, generando protestas masivas y un clamor social en busca de justicia. Estos indultos continuaron hasta 2003, cuando el presidente Néstor Kirchner los anuló, reactivando las causas que habían estado paralizadas. En 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes, estableciendo la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
Justicia en el Siglo XXI
Desde 2006, se han logrado 1.231 condenas en 361 sentencias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Actualmente, hay 12 juicios en curso y 282 causas en fase de investigación preliminar, reflejando el compromiso continuo con la justicia.
El Contexto Actual bajo el Gobierno de Milei
Al aproximarse el medio siglo del inicio de la dictadura, Argentina enfrenta un clima político tenso. El gobierno de Javier Milei ha adoptado un discurso que minimiza los crímenes del terrorismo de Estado, describiendo el periodo como una «guerra contra el comunismo». Este discurso ha generado preocupación, especialmente por la negación de la cifra de 30.000 desaparecidos y los recortes presupuestarios que afectan a organismos de derechos humanos. Las transformaciones incluyen la reducción de la Secretaría de Derechos Humanos a una subsecretaría y las limitaciones impuestas al Archivo Nacional de la Memoria y al Museo Sitio de Memoria ESMA.
Marchas conmemorativas el 24 de marzo
Cada 24 de marzo, miles de argentinos se movilizan para recordar y decir Nunca Más a la dictadura. Este año, las organizaciones de derechos humanos han convocado una manifestación masiva en el centro de Buenos Aires, que se replicará en diversas ciudades del país. La marcha será una respuesta a los recortes en memoria, verdad y justicia impulsados por el gobierno actual, así como a los discursos que relativizan el terrorismo de Estado.
