Colombia se retirará del sistema de arbitraje internacional de inversión, según anunció el presidente Gustavo Petro. Esta decisión surge tras las recomendaciones de más de 200 economistas y académicos de 24 países, incluyendo a figuras reconocidas como el Nobel Joseph Stiglitz y el economista Thomas Piketty, quienes instaron al mandatario a salir de este régimen de justicia que protege inversiones fuera de los tribunales nacionales. Petro enfatizó: “Varios países ya han anunciado o realizado su salida de este tipo de arbitraje, incluyendo a Estados Unidos. No veo por qué Colombia no debería hacerlo” durante una presentación sobre su modelo económico.
En un evento dedicado a la rendición de cuentas, a cuatro meses de concluir su mandato, el presidente advirtió que Colombia corre el riesgo de perder 52 billones de pesos (alrededor de 14.000 millones de dólares) en este sistema de disputas, que, según sus afirmaciones, favorece generalmente a las empresas privadas sobre los Estados. “¿Por qué aceptamos firmar contratos donde, si hay alguna disputa, es un centro privado de justicia en el país del contratista el que decide si el país tiene razón?”, cuestionó el mandatario.
Asimismo, Petro criticó la “actitud genuflexa” del Estado colombiano, sugiriendo que la inversión extranjera no depende de otorgar todas las garantías. Con el fin de garantizar mayor equidad, propuso la creación de un tribunal nacional que resuelva este tipo de controversias con igualdad para ambas partes.
La decisión de Petro responde a una solicitud de cientos de académicos que abogan por el retiro del país de este sistema de arbitraje. El documento, revelado en exclusiva, cuenta con la firma de destacados académicos de instituciones como Columbia, Cambridge y Harvard, así como de la Universidad de los Andes y la UNAM. Entre los firmantes se encuentra José Antonio Ocampo, primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro y exsecretario general adjunto de la ONU para Asuntos Económicos.
Los académicos argumentan que el arbitraje de inversión, diseñado para que las multinacionales extranjeras demanden a los Estados cuando consideran que las políticas públicas afectan sus ganancias, presenta una asimetría notable. En este sentido, mientras se protege a los inversionistas extranjeros, las empresas locales y los ciudadanos del país receptor carecen de un mecanismo similar de protección.
El argumento central de la carta subraya que este sistema constituye un obstáculo para la transición energética y la lucha contra el cambio climático, conforme a las pautas dictadas por el Tribunal Internacional de Justicia. Los académicos advierten que, al adoptar medidas para reducir el uso de combustibles fósiles, los gobiernos se exponen a demandas millonarias. Como referencia, mencionan a Países Bajos, que actualmente enfrenta demandas iniciadas por ExxonMobil y Shell ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) debido al cierre del campo de gas de Groningen.
El riesgo para Colombia es palpable. El Gobierno de Petro ha detenido la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, pero el país aún posee 129 proyectos en el sector bajo acuerdos que incluyen el arbitraje de inversión, lo que lo hace vulnerable a reclamaciones millonarias. Un informe del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente ha calificado este mecanismo como un sistema que “equivale a pagar a los contaminadores”.
El presidente también respondió a la carta en una publicación en redes sociales, afirmando: “No necesitamos inversión en hidrocarburos, la necesitamos en energías limpias, trenes y construcción de escuelas, universidades y hospitales. Podemos reactivar a Venezuela, aunque sea para que extraigan hidrocarburos con energías limpias”. Además, enfatizó que Colombia debe experimentar un “salto máximo de tecnología” y promover la “soberanía de la data”. “Acepto la invitación de los 200 economistas del mundo para cambiar el régimen de inversiones, priorizando la vida”, añadió en su mensaje.
Esta decisión se inscribe en una tendencia global en la que varios países, como Sudáfrica, India, Indonesia, Ecuador y Bolivia, han denunciado acuerdos de arbitraje internacional de inversión. Dentro de la Unión Europea, los Estados miembros han finalizado sus tratados bilaterales de inversión. Por su parte, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) eliminó el arbitraje de inversión entre Washington y Ottawa, restringiéndolo en su relación con México.
