El gobierno de Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en la historia reciente de Colombia, ha estado impulsando desde hace más de un año la idea de obligar a los bancos a otorgar créditos en sectores estratégicos para revitalizar la economía. A pesar de sus intentos, la banca ha preferido negociar y alcanzar acuerdos que, aunque parciales, cumplen con algunas de las demandas del Ejecutivo. Esta maniobra ha llevado a que Petro logre avances significativos utilizando la amenaza de un decreto como palanca.
El economista y analista de política pública, Jorge Andrés Forero, comenta que “con la publicidad de inversiones forzosas, el Gobierno ha logrado obtener dos programas del sector financiero. Aunque no en los términos esperados, es un avance notable”. Los resultados económicos reflejan esta tensión: el sector bancario culminó 2025 con utilidades que superaron los 14 billones de pesos y crecimientos de hasta el 70%.
Juan Pablo Milanese, profesor de Ciencia Política en la Universidad ICESI, sostiene que la insistencia del gobierno en negociar es una estrategia consciente. “La confrontación de Petro con la banca, un sector que no goza de buena imagen pública, ha resultado en una presión sobre su legitimidad”, afirma Milanese. Esta táctica ha dado resultado, permitiendo al gobierno posicionarse frente a un actor clave en la economía nacional.
El origen de esta estrategia no es nuevo; remonta a la Ley 16 de 1990, que estableció los Títulos de Desarrollo Agropecuario, obligando a las entidades bancarias a financiar el crédito agrícola. En 2024, el gobierno propuso extender este mecanismo a toda la economía, desde la manufactura hasta el turismo. Sin embargo, la banca argumenta que las inversiones forzosas incrementan los costos del crédito general. “Si se les obliga a asumir una cartera con mayor riesgo, deben crear mayores provisiones, lo que implica que prestan menos y, en consecuencia, el crédito se encarece para todos”, explica Felipe Noval, exsuperintendente delegado de la Superfinanciera.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, también se opone a las inversiones forzosas, calificándolo como un método de “represión financiera”. Según él, esto afecta directamente a los ciudadanos, ya que parte de sus ahorros dejaría de ser manejada con criterios de eficiencia y pasaría a ser administrada por el gobierno, limitando la libertad de los bancos en la colocación de créditos.
Pacto por el Crédito
En agosto de 2024, el gobierno y el sector financiero firmaron el denominado Pacto por el Crédito, en el que la banca se comprometió a desembolsar 254,7 billones de pesos (63.700 millones de dólares) en 18 meses en cinco sectores prioritarios. Sin embargo, Noval aclara que no se trata de un pacto formal: “No hay un documento firmado por el Ministerio de Hacienda y los bancos; es más simbólico que vinculante”. A pesar de que los informes de la Superintendencia Financiera muestran que los bancos alcanzaron el 95% de la meta, Petro ha afirmado que los bancos no han canalizado suficientes recursos hacia los sectores acordados.
Emergencia Climática y Nuevas Medidas
Al iniciar 2026, el gobierno decretó la emergencia climática ante las lluvias que afectaron varias regiones del país. En este contexto, se reabrió la discusión sobre las inversiones forzosas, esta vez para ayudar a los afectados. El nuevo acuerdo incluye dos componentes clave: la posibilidad de que los deudores registrados como damnificados accedan a periodos de gracia, y la obligación de la banca de desembolsar nuevos créditos en los departamentos impactados, durante un plazo de 12 meses.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, enfatizó que se había encontrado un “camino distinto al de las inversiones forzosas” para abordar la emergencia. No obstante, el desafío radica en que solo el 35% de los colombianos tiene acceso al crédito formal, lo que provoca que muchos se financien a través de proveedores o cooperativas, y en el peor de los casos, recurriendo al gota a gota.
El sector bancario, tradicionalmente concentrado en las ciudades, también enfrenta complicaciones al calcular el riesgo de créditos para sectores como el agro y el turismo rural, lo que excluye a millones de pequeños productores del acceso al sistema financiero. En este sentido, tanto el gobierno como la banca se benefician: el Ejecutivo refuerza su postura ante el sector financiero, mientras que los bancos mantienen su rentabilidad.
