Un juez ha ordenado a la Secretaría de Defensa de México que entregue “la totalidad” de la información recopilada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) en relación con el caso Ayotzinapa. Esta decisión se da a conocer a través de un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y responde a una demanda interpuesta en 2023 por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Las familias habían solicitado acceso a la documentación que las autoridades militares se habían negado a entregar. Según el Centro ProDH, “el Juzgado estima una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad”.
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 se ha convertido en uno de los episodios más trágicos y enigmáticos de la historia reciente de México. Este caso está rodeado de vacíos informativos y diversas teorías, muchas de las cuales están relacionadas con el narcotráfico y el grupo criminal Guerreros Unidos, que ha sido señalado como responsable de la agresión y desaparición de los jóvenes.
En octubre de 2021, la Comisión Presidencial en cargo de la investigación divulgó dos documentos que contenían conversaciones entre miembros de Guerreros Unidos y policías locales. Estos diálogos revelaron que el Ejército monitoreó al grupo criminal durante el ataque contra los normalistas, cuestionando así la falta de información sobre la supervisión de las autoridades en ese momento. Uno de los diálogos fue interceptado el mismo día del ataque, el 26 de septiembre, y el otro se registró el 4 de octubre.
La reciente resolución judicial que ordena la entrega de la información del CFRI coincide con el arresto de Mauro Antonio Mosso, actual director de tránsito en Guerrero y ex-policía estatal en Iguala en 2014. La Fiscalía lo acusa de haber utilizado el teléfono de uno de los estudiantes desaparecidos en ese periodo.
El Centro ProDH señala que los familiares de los 43 estudiantes han denunciado a varias instancias de inteligencia mexicana por “ocultar” documentos cuya existencia se reveló en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La falta de información entregada por el ejército ha evidenciado, según el Centro ProDH, un “ocultamiento arbitrario por parte de la institución castrense”.
La decisión del juez también subraya el derecho de las familias a conocer la verdad, así como la obligación de la Secretaría de Defensa de proporcionar toda la información relacionada con el caso. El juez sentenció que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado el interés general que existe por parte de las familias de las víctimas y de la sociedad.
A finales de noviembre del año anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró los avances en la investigación, aunque hasta el momento solo se han encontrado tres fragmentos óseos de algunos de los estudiantes desaparecidos. Acceptando la solicitud de los familiares, Sheinbaum se comprometió a rearmar un equipo de investigadores internacionales, incluyendo a exmiembros del GIEI, y a aplicar una nueva línea investigativa que incluya análisis más técnico y científico. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el caso sigue siendo una incógnita para las familias de los jóvenes desaparecidos.
