Veredicto a Favor de Drummond reaviva el Debate sobre Violaciones de Derechos Humanos en Colombia
La reciente decisión de un tribunal federal en Estados Unidos, que falló a favor de la empresa carbonera Drummond, ha reabierto un intenso debate en torno a la responsabilidad de las empresas en las violaciones de derechos humanos en Colombia. Aunque el fallo aborda la responsabilidad legal bajo el derecho civil estadounidense, su impacto es limitado frente a la realidad judicial colombiana.
Antecedentes del Caso
La disputa legal se remonta a finales de la década de 2000, cuando familiares de víctimas de violencia antisindical, incluyendo asesinatos en zonas mineras del departamento del Cesar, interpusieron una demanda alegando que Drummond financiaba a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para controlar la región y debilitar la actividad sindical. Según los demandantes, la empresa estaba involucrada en un esquema que facilitaba estos crímenes.
Evidencias Presentadas
Los argumentos presentados estuvieron basados en testimonios de exmiembros de las AUC y otros intermediarios, entre ellos Jaime Blanco, proveedor de Drummond, quienes aseguraron que existían acuerdos y pagos sistemáticos para mantener la presencia paramilitar en la región. Estas pruebas fueron entregadas ante abogados estadounidenses bajo juramento y se buscaba demostrar que la compañía era consciente de estos crímenes. No obstante, las alegaciones han sido desestimadas en múltiples ocasiones en cortes estadounidenses.
Contrademanda y Resoluciones Judiciales
En respuesta, Drummond presentó una contrademanda en Alabama contra los abogados que representaban a las víctimas, argumentando que habían obtenido testimonios a cambio de pagos. Además, la empresa solicitó que se declarara que la estrategia legal de los demandantes constituyó un acto de crimen organizado bajo el Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), permitiendo potencialmente un mayor monto por daños.
El Veredicto y sus Implicaciones
El veredicto se conoció el 15 de enero, donde el jurado dictó que el abogado Terry Collingsworth y su organización debían pagar a Drummond cifras que suman un total de 256 millones de dólares. Esta decisión ya está siendo utilizada por algunos como una eventual exoneración de la empresa frente a acusaciones de violaciones de derechos humanos en Colombia. Sin embargo, es crucial aclarar que este fallo solo aborda cuestiones de responsabilidad civil en EE. UU.
Diferencias entre Jurisdicciones
La decisión en Alabama no realiza un examen exhaustivo de las conductas en el contexto del conflicto armado colombiano. Los tribunales estadounidenses tienen límites estructurales que requieren que las pruebas sean admitidas bajo normas estrictas, lo que contrasta con el enfoque amplio requerido en las investigaciones de derechos humanos en Colombia, donde diversas instituciones están encargadas de estudiar estas violaciones.
Implicaciones para el Futuro
El fallo no debe interpretarse como un cierre del debate sobre responsabilidad empresarial en el contexto colombiano. Más bien, destaca la necesidad de que las instituciones en Colombia asuman su rol en el esclarecimiento de los hechos, utilizando sus propias normas y herramientas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otras entidades están mandatadas para investigar patrones de violencia y las relaciones entre actores económicos y grupos armados.
En resumidas cuentas, el caso Drummond ilustra las limitaciones y desafíos del litigio transnacional en situaciones de conflicto armado, resaltando la necesidad de que las instituciones colombianas se comprometan a realizar investigaciones rigurosas y fundamentadas en el derecho interno y los estándares internacionales.
