En el ámbito de las finanzas internacionales, el uso cuidadoso del lenguaje es crucial. La agencia crediticia internacional Moody’s ha utilizado la expresión “sorpresa negativa” al referirse al importante desajuste fiscal que enfrentará Chile en 2025. Este hecho ha sido reconocido sin ambages en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la Dirección de Presupuestos.
El déficit fiscal estructural alcanzará un alarmante 3,6% del PIB, es decir, más de 13.000 millones de dólares. Esta cifra no solo representa un desafío mayúsculo, sino que pone de manifiesto la incapacidad de la Dirección de Presupuestos para realizar estimaciones precisas. Un error de dos puntos porcentuales en la estimación del déficit es significativo, dado que implica que el escenario anual podría ser tres veces peor de lo pronosticado.
Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s, ha destacado que el “persistente deterioro en el cumplimiento de las metas fiscales” no solo refleja una falta de compromiso, sino que también deja una carga fiscal mayor para la próxima administración. Este contexto pone en la mira la relación entre la gestión fiscal y la percepción de los costos de no cumplir con las metas establecidas.
Durante la campaña presidencial, Luis Eduardo Escobar, coordinador económico de la candidata oficialista, minimizó la preocupación sobre la relación entre deuda pública y PIB, argumentando que porcentajes superiores al 45% no son inusuales en otras economías. Sin embargo, este enfoque ha sido objeto de advertencias por parte del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que ha subrayado la importancia de mantener el límite prudente del 45% en la realidad chilena.
Hace más de diez años, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, se promovió una reforma tributaria que generó un debate intenso. En aquel entonces, algunos sostenían que el crecimiento económico era relativamente indiferente a la carga tributaria, llegando al extremo de afirmar que se podría mantener la actividad económica con una carga impositiva del 100%. Este pensamiento podría también extenderse al manejo de las cuentas fiscales, donde algunos consideran que un ratio de deuda respecto al PIB superior al límite establecido es manejable y que las preocupaciones al respecto son exageradas.
Este punto de vista podría explicar el persistente problema de las finanzas públicas. Para algunos, los gastos que superan los ingresos tributarios son aceptables, incluso si eso implica el pago anual de más de 4.000 millones de dólares en intereses. De igual forma, estas señales laxas hacia los calificadores de riesgo podrían ser vistas como un costo admisible.
Sin embargo, la discusión profunda sobre la situación fiscal es más compleja, ya que implica cuestionar la viabilidad de gastar más de lo que la economía genera en ingresos tributarios. Se requiere una evaluación clara sobre si es sostenible a largo plazo tener un aumento en la deuda pública, dado que el incremento de impuestos en una economía deprimida hasta ahora no ha mostrado los resultados esperados por sus defensores.
