Alberto González Amador se Defiende en Juicio por Fraude Fiscal
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a un juicio por fraude a Hacienda. En su defensa, Amador argumenta que la condena al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, debería permitirle anular el procedimiento en su contra. Esta estrategia, que ya ha sido anticipada en su escrito de defensa, busca evidenciar la vulneración de sus derechos de defensa y presunción de inocencia tras la filtración de un correo que contenía su confesión de culpabilidad.
Filtración y Derechos Vulnerados
Amador presentó su escrito de defensa al Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, donde planteó que el procedimiento ha estado marcado por múltiples vulneraciones a sus derechos fundamentales. En el documento, de 33 páginas, argumenta que las acciones del Ministerio Fiscal y del Gobierno de Pedro Sánchez han lesionado su derecho a la defensa. Se destaca que la figura del fiscal, en lugar de ser un garante de los derechos, ha contribuido a la infracción de los mismos.
Contexto del Procedimiento Judicial
La investigación contra Alberto González Amador comenzó en mayo de 2022 y fue seguida por una jueza de instrucción en marzo de 2024. En septiembre del año pasado, fue llevado a juicio por utilizar 15 facturas falsas para simular gastos y reducir su cuota tributaria, lo que conllevó una acusación de defraudar 350.910 euros.
Respuestas del Alto Tribunal
El Tribunal Supremo ya había abordado la posibilidad de que se anulara el proceso durante la condena a García Ortiz. En su sentencia, los magistrados cerraron la puerta a que Amador pudiera beneficiarse del caso contra el ex Fiscal General, afirmando que las conversaciones confidenciales no debían ser consideradas como prueba.
Argumentos de la Defensa
Los abogados de Amador, Carlos Neira y Gabriel Rodríguez-Ramos, defienden que dos de las 15 facturas no son falsas. Estas incluyen una de 620.000 euros emitida por la empresa mexicana MKE y otra de 922.585 euros de la empresa costamarfileña Gayani. Para respaldar su argumento, solicitan la comparecencia de testigos que podrían confirmar la veracidad de los servicios prestados, así como la presentación de billetes de avión y fotografías de reuniones relacionadas.
Ajustes en la Liquidación Fiscal
La defensa también solicita correcciones en la liquidación realizada por Hacienda que, según sus estimaciones, reducirían la cantidad defraudada a menos de 120.000 euros por ejercicio fiscal, monto que no se consideraría delictivo.
Otros Acusados en el Caso
En paralelo, otros tres acusados involucrados en la emisión de facturas falsas han solicitado la anulación del procedimiento basándose en que la información fue adquirida de forma ilícita. Uno de ellos, David Herrera, ya ha sido condenado a tres años de prisión por un caso separado relacionado con estafa y documentos falsos.
