El déficit fiscal estructural en Chile se ha fijado en un 3,55% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a más de 13.200 millones de dólares. Este dato, divulgado recientemente, ha generado tensiones entre el Gobierno del actual presidente Gabriel Boric y la oposición, justo en la previa de la asunción de José Antonio Kast, líder de la derecha conservadora, en La Moneda el 11 de marzo. Mientras el Gobierno de Boric defiende sus cifras argumentando que los menores ingresos han impactado negativamente, Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda de Kast, sostiene que la situación financiera era predecible y planean un recorte de gastos de hasta 6.000 millones de dólares.
Quiroz expresó que desearían que el déficit no hubiera sido tan significativo como ha resultado. Según él, esta realidad valida su postura sobre la necesidad de realizar ajustes en las finanzas públicas. En una entrevista con El Mercurio, mencionó que la Dirección de Presupuestos (Dipres), encabezada por Javiera Martínez, determinó que el déficit fiscal efectivo fue del 2,8% del PIB en 2025, y el déficit estructural alcanzó el 3,55%, superando ampliamente la meta fiscal establecida por el Ministerio de Hacienda por tercer año consecutivo.
Ximena Rincón, presidenta de la comisión de Hacienda del Senado y futura ministra de Energía bajo el gobierno de Kast, califica las cifras actuales como una evidencia de «un manejo fiscal para el olvido» del gobierno de Boric. En su cuenta de la red social X, declaró que un mayor déficit hoy implica menos recursos mañana para sectores esenciales como la salud, educación y seguridad, trasladando así el impacto a las familias chilenas.
Las críticas a la administración actual no se han hecho esperar. Juan Antonio Coloma Álamos, diputado del partido Unión Democráta Independiente (UDI), afirma que “la herencia del presidente Boric en materia económica es, simplemente, un desastre”, alertando sobre la creación de una deuda desmedida. De igual forma, Benjamín Moreno, parlamentario del Partido Republicano, describe la gestión actual como el resultado de «criminales financieros».
Agustín Romero, diputado del Partido Republicano y miembro de la comisión de Hacienda, también se pronuncia sobre el déficit estructural. “Un déficit estructural de 3,55% del PIB no es un detalle técnico, es la prueba de que este Gobierno gastó más de lo que podía sostener”, afirmó, añadiendo que se proyectaron ingresos que finalmente no se materializaron.
Propuestas de ajuste fiscal
La propuesta del presidente electo Kast de establecer un «Gobierno de emergencia» incluye un ajuste de 6.000 millones de dólares en el primer año y medio de su gestión, con el objetivo de frenar el creciente aumento de la deuda pública, que se sitúa actualmente en un 41,7% del PIB y se prevé alcance un 43,6% en 2029. Esta iniciativa fue cuestionada durante la campaña electoral, donde se demandaron más detalles sobre quiénes serían los afectados.
Posicionamiento del Gobierno saliente
El Gobierno de Boric defiende su manejo fiscal, con Javiera Martínez asegurando que no existe crisis fiscal en el país. Indicó que Chile ha logrado una mejor gestión en términos de deuda, conteniendo su gasto como porcentaje del PIB. Martínez subrayó que el desafío radica en la generación de ingresos, enfatizando que los ingresos no mineros fueron significativamente menores en 2025, alcanzando solo un 16,4% del PIB.
Sobre la regla fiscal, Martínez amplió su visión, afirmando que no está siendo un buen indicador para medir la situación de ingresos. La regla de balance estructural busca estabilizar el presupuesto en función de proyecciones económicas normales, ajustando los ingresos por ciclos para evitar desequilibrios en épocas de bonanza y crisis.
La divergencia con respecto a la meta fiscal original es significativa, alcanzando un desvío del 2,5% del PIB. Según Matías Acevedo, exdirector de presupuestos, esto representa la mayor anomalía desde la adopción de la regla basada en un balance cíclico. Camila Vallejo, portavoz del Gobierno, defendió la gestión de Boric, indicando que lograron el menor aumento de deuda pública en casi dos décadas, lo cual beneficia a la próxima administración al reducir los costos asociados a pagos de interés.
Finalmente, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha expresado su preocupación por la trayectoria fiscal y los incumplimientos de los objetivos impuestos por la administración actual. Este martes, el organismo llevará a cabo una de sus sesiones extraordinarias semanales para discutir estos temas.
