La Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha señalado a Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, por su supuesta implicación en adopciones ilegales de menores indígenas durante los años ochenta. Esta acusación se produce en un contexto delicado para Porras, quien se enfrenta al presidente Bernardo Arévalo en el intento de acceder a un cargo en la Corte de Constitucionalidad al concluir su mandato este mayo. La reciente decisión de la comisión electoral ha dejado a Porras sin opciones de garantizar su inmunidad futura.
Adopciones ilegales en el foco
La ONU ha informado que al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, un centro Estatal que ha cerrado y que acogía a niños en situación de riesgo. Porras estuvo al frente de este hogar durante siete meses en 1982. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, expresó: “Estamos preocupados por la información que vincula a Consuelo Porras con adopciones ilegales de al menos 80 niños de pueblos indígenas entre 1968 y 1996.” La ONU ha instado a iniciar una “investigación independiente” sobre el papel de Porras como tutora legal de estos niños durante su gestión.
La ONU también recomendó que todas las personas con alegaciones creíbles de conductas contrarias a los derechos humanos no deberían ser preseleccionadas ni nombradas para cargos importantes hasta que se lleve a cabo una investigación exhaustiva.
La candidatura de Porras y su derrota
Mientras la ONU hacía sus pronunciamientos, la ciudad de Antigua Guatemala fue escenario de la elección para magistrados en la Corte de Constitucionalidad. Afuera del lugar, manifestantes exigían que no se votara por Porras. Aunque la fiscal general había presentado su candidatura la semana pasada, al concluir el conteo de votos, no recibió apoyo alguno y quedó fuera de la elección.
El diputado José Chic, del partido VOS, comentó que la falta de apoyo hacia Porras reflejó un clamor popular tras los innumerables cuestionamientos que enfrenta a nivel internacional. Porras tiene la opción de buscar un cargo a través del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia, que aún tienen por postular a un magistrado para la Corte de Constitucionalidad antes del vencimiento del periodo en abril.
Un historial polémico
Consuelo Porras ha dirigido el MP desde mayo de 2018 y fue reelegida en 2022, a pesar de haber sido incluida en una lista de actores corruptos y antidemocráticos por Estados Unidos en 2021. Desde entonces, ha sido sancionada por 40 países debido a acusaciones de corrupción y acciones que socavan la democracia. En 2023, el presidente Bernardo Arévalo la acusó de intentar un golpe de Estado, consolidando su papel como una de las principales antagonistas del actual gobierno.
Además, múltiples informes de derechos humanos documentan que más de 100 personas, entre ellas operadores de justicia y periodistas, han tenido que salir al exilio debido a persecuciones orquestadas por el MP bajo su liderazgo. Porras enfrenta numerosos denuncias y su mandato como fiscal concluirá en mayo de este año. Si no logra mantenerse en el puesto, perderá la inmunidad que la protege.
Investigaciones de adopciones ilegales
Una fuente cercana a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló que entre 2009 y 2013 se documentaron más de 700 casos de adopciones ilegales en el país desde los años ochenta hasta el 2000. Estos depósitos fueron transferidos a la Fiscalía contra la Trata de Personas del MP. No obstante, las investigaciones sobre estos delitos de lesa humanidad no tuvieron el eco necesario, y bajo la administración de Porras, esta unidad especializada fue desmantelada, quedando sumamente debilitada.
La misma fuente indicó que durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996), existió una densa red de venta de niños indígenas, donde se traficaban menores a clientes en Europa y Estados Unidos. En este contexto, el papel de Porras como “tutora legal” en adopciones la vincula a la venta de al menos 80 niños, puesto que esta función implicaba la autorización de adopciones. La red involucraba a jueces, notarios y otros actores del sistema judicial, así como a casas cuna clandestinas.
A partir de 2013, tras la implementación de la Ley contra la Trata de Personas, se registraron cambios en las operaciones de estas redes, aunque el fenómeno persiste en diversas formas.
