La reciente suspensión del aumento del salario mínimo decretada por el Gobierno de Gustavo Petro para 2026 ha provocado una intensa reacción política en Colombia. Esta decisión, emitida por el Consejo de Estado, se produjo en un contexto electoral crucial, a solo semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo y de la primera vuelta presidencial el 31 de mayo. La medida fue rechazada de manera enérgica por el presidente Petro, miembros del gabinete, candidatos del oficialismo y fuerzas de izquierda. Sin embargo, la oposición de derecha también se alinea con los trabajadores, mostrando una postura unificada ante la situación.
El aumento proyectado de salario mínimo, que posicionaría a cuatro millones de trabajadores formales con un ingreso de dos millones de pesos mensuales (aproximadamente 500 dólares), se fundamentó en la necesidad de mejorar el poder adquisitivo. No obstante, el Consejo de Estado aceptó diversas demandas que cuestionan la viabilidad de este aumento, argumentando que supera la inflación anual de 2025 y tendría un “impacto irreversible” en las pequeñas y medianas empresas. Además, el alto tribunal criticó la falta de una “justificación jurídica y económica verificable” y exigió al Gobierno emitir un nuevo salario mínimo provisional en un plazo de ocho días.
Reacciones del Gobierno y de la Oposición
La decisión suscitó una ola de reacciones en el Gobierno. El presidente Gustavo Petro se manifestó en la red social X, afirmando que la suspensión del aumento pone en peligro la Constitución al afectar el poder adquisitivo. Petro instó a “el gran capital” a decidir entre un pacto social o una confrontación política y social. La vicepresidenta Francia Márquez respaldó esta postura, enfatizando que el salario vital es esencial para la justicia social.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, consideró la decisión como un acto político y sugirió que influirá en la próxima campaña electoral, instando a los votantes a discernir entre quienes apoyan a los desfavorecidos y quienes defienden intereses elitistas. Benedetti también enfatizó el “bloqueo institucional” que enfrenta el Gobierno ante decisiones judiciales desfavorables.
Reacciones de Candidatos de Izquierda
Los candidatos de la izquierda, como el senador Iván Cepeda, calificaron el fallo como un “atentado contra las políticas sociales” y anticiparon movilizaciones masivas en respuesta a la suspensión. Su jefa de debate, la senadora María José Pizarro, hizo un llamado a la acción, instando a la ciudadanía a salir a las calles y a votar contra quienes apoyan esta medida. Candidatos como Roy Barreras y Daniel Quintero también convocaron a la movilización social, buscando capitalizar la indignación generada por la decisión del Consejo de Estado.
La Reacción de la Oposición de Derecha
La respuesta de los aspirantes de derecha y centro derecha, agrupados en la Gran Consulta, fue menos predecible. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas propuso defender el aumento salarial al tiempo que abogó por medidas fiscales que faciliten su implementación. La senadora Paloma Valencia, alineada con el Centro Democrático, también insistió en cumplir con lo establecido por la ley para proteger a los trabajadores y a los empleadores de posibles despidos.
En este contexto, la tensión entre las diferentes fuerzas políticas sigue en aumento, marcando un ambiente electoral intensificado y competitivo. Con el futuro del salario mínimo en incertidumbre, las campañas se reactivan, reflejando la urgencia del tema en la agenda nacional.
