Un escándalo ha desatado el debate en torno a la administración del presidente Gustavo Petro: las denuncias sobre la supuesta expedición irregular de títulos profesionales a funcionarios y contratistas del Gobierno colombiano. Esta situación involucra a la Fundación Universitaria San José, cuya validez académica se encuentra en entredicho tras las acusaciones de entrega de títulos sin cumplir con requisitos legales, como la presentación de la prueba Saber Pro, indispensable para la obtención de títulos en Colombia.
Caso Juliana Guerrero
El caso de Juliana Guerrero marcó un hito en este escándalo. Guerrero, quien aspiraba al cargo de viceministra de Juventud, presuntamente obtuvo títulos universitarios en la Fundación Universitaria San José de manera irregular. La Fiscalía la ha imputado por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, solicitando prisión domiciliaria al considerar que los títulos presentados no cumplían con los requisitos académicos estipulados por la ley colombiana. Un directivo de la universidad ya ha admitido su responsabilidad en este proceso.
Este escándalo no es reciente. En septiembre del año pasado, el abogado de la Fundación Universitaria San José anunció la anulación de un diploma otorgado a Guerrero en contaduría pública por incumplimiento de los requisitos de graduación. La entonces jefa de gabinete del Ministerio del Interior argumentó que cualquier error recaía sobre la universidad. A pesar de estas circunstancias, Guerrero sigue siendo delegada del presidente en el consejo directivo de la Universidad Popular del Cesar, su departamento de origen.
La Fiscalía también ha imputado a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación, por su rol en la gestión de los títulos de Guerrero. En un documento interno, Gutiérrez reconoció que Guerrero se graduó sin cumplir los requisitos necesarios, lo que frustró su nombramiento propuesto por Petro.
Investigaciones sobre el Cartel de los títulos falsos
La representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, presentó a finales de enero una investigación que señala 24 casos de irregularidades en la obtención de títulos de la Fundación Universitaria San José. Estas irregularidades habrían involucrado a funcionarios o contratistas vinculados a 16 entidades del Gobierno nacional entre 2023 y 2025.
Las irregularidades identificadas incluyen la expedición de títulos antes de que los graduados presentaran las pruebas obligatorias, como las pruebas Saber Pro o Saber TyT, lo que contraviene la normativa educativa en Colombia. También se han señalado casos de obtención de múltiples diplomas en periodos inusualmente cortos, incluso el mismo día. Además, se sugiere la existencia de contratos públicos hechos a medida de credenciales que podrían carecer de legitimidad. Entre los organismos mencionados en la denuncia figuran el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad Nacional de Protección (UNP), Invima, DANE, DIAN, Aerocivil y varias superintendencias y ministerios.
El Gobierno de Petro ha rechazado estas acusaciones, alegando que no se trata de un esquema sistemático ni de una política deliberada para favorecer a funcionarios, atribuyendo las denuncias a ataques políticos en un contexto de creciente polarización, especialmente en el actual ciclo electoral en Colombia.
