Un juez federal ha dictado prisión preventiva este jueves contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, en relación a un nuevo caso por el presunto desvío de cinco millones de pesos. Esta decisión, confirmada por el abogado del político priista, Pablo Campuzano, complica aún más la posibilidad de que Duarte salga de prisión, ya que su condena actual por corrupción culmina en dos meses.
La posibilidad de libertad anticipada para Duarte se desvaneció a finales del año pasado, cuando su defensa solicitó este beneficio. Sin embargo, la justicia federal rechazó la solicitud al indicar que el exgobernador enfrentaba un proceso adicional por presunta obstrucción de una investigación sobre desaparición forzada. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevas acusaciones por corrupción en su contra.
El 10 de diciembre, la FGR, bajo el liderazgo de la fiscal general Ernestina Godoy, presentó una denuncia por un desvío de 10 millones de pesos del erario veracruzano durante el mandato de Duarte (2010-2016). Estas acusaciones se interpretan como parte de una estrategia judicial más amplia en la que la defensa de Duarte argumenta que se trata de una maniobra política, supuestamente en respuesta a su intento de obtener la libertad anticipada en noviembre pasado. Por su parte, el gobierno ha negado que se trate de un esfuerzo para obstaculizar la excarcelación del exmandatario, citando el importante desfalco financiero que causó a su estado.
México también ha solicitado a Guatemala autorización para procesar a Duarte por el desvío de los cinco millones de pesos. Esto es necesario debido a que el país centroamericano extraditó a Duarte en 2017 y, según las leyes de extradición, un acusado solo puede ser juzgado por los delitos específicos mencionados en la solicitud de extradición. Duarte fue inicialmente acusado de blanqueo de capitales y asociación delictuosa, delitos por los cuales recibió una condena de nueve años. La autorización de Guatemala, por lo tanto, es un requisito para juzgarlo por nuevos delitos.
La condena actual de Duarte culmina en abril de este año e incluye una multa de casi 59,000 pesos, además de la incautación de propiedades. Sin embargo, no refleja la magnitud real de los desvíos durante su gestión. Un informe de Animal Político y MCCI documentó que se utilizó una red de 400 empresas de papel para desviar 3,617 millones de pesos del erario estatal. Según Milenio, la Auditoría Superior de la Federación ha constatado que, durante el sexenio de Duarte, se irregularizaron más de 62,000 millones de pesos de fondos federales destinados a áreas cruciales como salud, educación, seguridad e infraestructura, convirtiendo este caso en uno de los mayores saqueos estatales en la historia de México.
