En la agenda política argentina, pocos temas generan tanta controversia como la reforma laboral, especialmente en momentos en que el Gobierno ha presentado su propuesta ante el Congreso. El presidente Javier Milei promueve esta reforma como un pilar fundamental para el renacer económico, aunque la efectividad real de estas medidas genera dudas en medio de una crisis prolongada.
Situación del Mercado Laboral en Argentina
Para entender el contexto de esta reforma, es esencial evaluar la situación actual del mercado laboral en Argentina. Contrario a la creencia popular, el principal desafío no es la desocupación, que ronda el 6-7%, sino la escasa generación de empleo registrado. A pesar de una década, el país presenta la misma cantidad de puestos formales que hace diez años.
La estabilización de la tasa de desocupación, a pesar de la falta de creación de empleo, tiene su origen en la creciente informalidad laboral. Muchos argentinos optan por trabajar en el sector «en negro», lo que les priva de derechos laborales, cobertura médica y aportes jubilatorios. La informalidad ha escalado a niveles récord en la historia reciente.
Causas de la Falta de Empleo Registrado
Uno de los factores que impide la creación de nuevos puestos registrados es el estancamiento de la actividad económica. Las empresas contratan trabajadores principalmente para aumentar su producción; sin un crecimiento sostenido de la economía, las posibilidades de empleo también se ven limitadas.
La distinción entre coste salarial y carga laboral es clave. El coste salarial es lo que realmente percibe el trabajador, mientras que la carga laboral incluye los costes adicionales para la empresa, alcanzando un 66% sobre el salario. Por ejemplo, el coste previsional es del 35%, un porcentaje que sitúa a Argentina en una posición muy por encima del promedio de la OCDE (21,6%), según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
El 90% del empleo no registrado proviene de micro y pequeñas empresas, que enfrentan bajos niveles de productividad. Esta situación las lleva a no poder formalizar a sus empleados debido a los altos costes asociados a la contratación en blanco.
Propuestas del Gobierno para la Reforma Laboral
El Gobierno ha propuesto tres instrumentos para abordar la informalidad laboral. En primer lugar, se plantea una reducción de tres puntos en las contribuciones patronales, que beneficiaría a todas las empresas, aunque lo idóneo sería enfocar esta reducción en micro y pequeñas empresas que realmente enfrentan este desafío.
En segundo lugar, se sugiere la creación de un «banco de horas», permitiendo que las empresas y los trabajadores acuerden cómo distribuir las horas de trabajo, evitando el pago de horas extras y ofreciendo flexibilidad a los empleados.
Por último, se establece un régimen de incentivo a la formalización laboral, donde las empresas que contraten a nuevos trabajadores podrían pagar solo el 2% en contribuciones durante cuatro años, en lugar del 15%. Sin embargo, este incentivo debería centrarse en micro y pequeñas empresas, que son las más afectadas por la informalidad.
Modificaciones a la Litigiosidad Laboral
El proyecto también aborda la litigiosidad laboral, reduciendo las indemnizaciones y extendiendo el periodo de prueba de tres a seis meses, durante el cual no se requeriría indemnización por despido. Además, se propone un fondo de cese laboral, donde las empresas aportarán un porcentaje del salario de cada trabajador para cubrir indemnizaciones, buscando mayor previsibilidad en estos pagos.
Sin embargo, la propuesta plantea un mecanismo de financiamiento que podría afectar el sistema de jubilaciones, al ofrecer una reducción del 3% en las contribuciones jubilatorias, lo que pondría una carga adicional en los fondos de seguridad social.
Otro aspecto controvertido es la limitación del derecho a huelga, estableciendo que ciertas actividades deben mantener al menos un 50% de cobertura durante paros, afectando prácticamente a todos los sectores laborales.
La reforma busca abordar el problema de la informalidad y la alta litigiosidad laboral, pero al no focalizarse adecuadamente en las micro y pequeñas empresas, corre el riesgo de beneficiar a grandes empresas, lo que podría generar una transferencia de recursos desde el Estado hacia estas entidades sin resolver el verdadero problema de la economía argentina.
