El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en una situación crítica debido a una reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca reducir sus estructuras y presupuesto. Esta situación ha causado una serie de controversias y discordias entre sus consejeros. La reciente instalación de sistemas de seguridad en su sede y la producción de un documental sobre las elecciones judiciales son solo el inicio de una crisis más profunda que ha fracturado la unidad entre los 11 consejeros del INE.
La reforma, actualmente en fase de preparación por la comisión presidencial liderada por Pablo Gómez, prevé modificaciones significativas tanto en el INE como en los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Las propuestas abarcan desde un simple cambio de nombre del INE a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), hasta una reestructuración total que implica la fusión de áreas, reducción del personal y un recorte sustancial de su gasto operativo.
Funcionarios involucrados en el proceso han indicado que, a diferencia de otras reformas como la integración de las Cámaras del Congreso, que han encontrado resistencia por parte de algunos partidos, los cambios referentes al INE y los OPLE están avanzando rápidamente y sugieren un recorte presupuestal significativo. Sheinbaum ha argumentado que las elecciones en México son «de las más caras del mundo» y, siguiendo el enfoque de austeridad republicana del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha instado a la comisión a presentar reformas que impacten en los órganos electorales. Sin embargo, el INE no ha mostrado una postura cohesiva ni una sensibilidad política adecuada ante esta discusión.
Controversias en el INE
El INE inició el año envuelto en polémicas, especialmente tras la instalación de cámaras de seguridad en su sede central, las cuales incluían micrófonos integrados. Estas medidas generaron tensiones entre los consejeros, quienes solicitaron una explicación a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, sobre el «plan de modernización de sistemas de control y acceso». Parte de la controversia radica en que los costos de esta instalación fueron clasificados como «por seguridad nacional», lo que ha suscitado críticas sobre la falta de transparencia.
El consejero Uc-kib Espadas cuestionó la inclusión de micrófonos en las cámaras, considerándolo una invasión a la privacidad del personal. Por otro lado, el consejero Martín Faz criticó la falta de consulta en la decisión y solicitó información sobre el presupuesto y el proveedor asignado, lo que, según él, se había manejado de manera opaca.
A la controversia por las cámaras se suma la contratación de una productora para elaborar un documental sobre la elección judicial del año pasado, la cual tuvo un costo de un millón de pesos. Este hecho generó más críticas y preocupación entre los consejeros, quienes argumentan que el INE debería haber realizado el documental internamente. La consejera Carla Humphrey se desvinculó de la decisión y enfatizó que las consejerías no participan en procesos de contratación.
En respuesta a la controversia, el INE organizó un recorrido para la prensa con el objetivo de explicar las nuevas medidas de seguridad, aunque no se revelaron los costos del contrato. Respecto al documental, el INE aclaró que se trataba de «un documental de dos capítulos» y aseguró que su costo era comparable al de producciones anteriores.
Desafíos en la estructura del INE
Consultas realizadas revelan que las tensiones internas del INE exponen no solo la opacidad en la toma de decisiones, sino también una profunda división sobre su papel y autonomía. Ante la reforma inminente, el documento entregado el 12 de enero a la comisión presidencial no representó una propuesta unificada, sino que incluyó 204 ideas de los consejeros, muchas de las cuales eran contradictorias. Esta falta de consenso se evidenció al recibir críticas inmediatas de Pablo Gómez, quien cuestionó las propuestas que buscaban salvaguardar el presupuesto del INE y los OPLE.
El objetivo principal de la reforma que propone Sheinbaum es reducir el gasto electoral, lo que se vuelve aún más complejo considerando que la Cámara de Diputados ha recortado continuamente el presupuesto solicitado por el INE desde 2019. Para el ejercicio fiscal 2026, el INE solicitó 15.099 millones de pesos, pero la Cámara aprobó solo 14.099 millones. En 2024, se otorgaron 6.200 millones para la elección judicial, cifra muy inferior a la solicitada, lo que resalta la presión presupuestaria a la que está sometido el INE.
Además, el INE enfrenta un desafío inminente: el próximo 3 de abril, tres de sus 11 integrantes concluirán su mandato, lo que reducirá el Consejo a solo ocho consejeros, aumentando el riesgo de empates en las votaciones. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ha mencionado que la designación de nuevos consejeros ocurrirá tras la presentación de la reforma electoral en la segunda semana de febrero, lo que podría complicar aún más la situación.
Históricamente, el INE ha enfrentado momentos de inestabilidad, como ocurrió antes de la reforma de 2014, que transformó al IFE en el INE actual, con la adición de 11 consejeros y la creación de los 32 OPLE. Se anticipa que la nueva reforma abordará estas cuestiones estructurales, generando incertidumbre sobre si se reducirá el número de consejeros a nueve o siete, o si la selección será a través del voto popular, como proponía López Obrador.
Este viernes, el consejero Jaime Rivera advirtió que un INE incompleto podría ser posible, pero no deseable, sugiriendo la potencial crisis que podría suscitar la falta de nombramientos.
