La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) ha expresado preocupaciones sobre el reciente incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los cigarros en México, subrayando que esta medida ha favorecido el crecimiento del mercado informal. Según un comunicado de la Anpec, la implementación de la nueva tarifa ha elevado el precio de las cajetillas de cigarros legales por encima de los 100 pesos, con aumentos que oscilan entre 15 y 22 pesos por unidad. Esta diferencia de precios ha incentivado el consumo de cigarros de contrabando, que se venden a aproximadamente 75 pesos por cajetilla.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, ha destacado que actualmente tres de cada diez cigarros vendidos en el país provienen del contrabando. «Sin duda, esta política fiscal ha beneficiado a los cárteles de cigarros de contrabando, que operan con grandes márgenes de ganancia y, en gran medida, con total impunidad», afirmó. Este fenómeno ha impulsado la venta ilegal visible en lugares como estaciones del Metro, paraderos de transporte público y calles con alta afluencia de personas.
Los riesgos de la venta ilegal de cigarros
La comercialización de cigarros de contrabando no solo impacta negativamente al comercio formal y a la recaudación fiscal, sino que también plantea serios riesgos para la salud pública. Estos productos se venden sin los controles de calidad pertinentes, lo que incrementa las posibilidades de poner en riesgo a los consumidores, especialmente a menores de edad. Con el fin de combatir esta situación, el Gobierno mexicano implementó nuevas medidas fiscales el 1 de enero a través de reformas al Código Fiscal de la Federación, que buscan verificar la legalidad de las cajetillas de cigarros. Estas reformas clasifican la venta o posesión de productos ilegales como un delito de contrabando.
No obstante, la Anpec advierte que estas medidas podrían perjudicar a los comercios legales que adquieren productos sin saber que son de origen ilegal. «Uno de los problemas más graves para los pequeños comercios es que las sanciones se extienden no solo al importador o fabricante, sino también al vendedor —el pequeño comerciante—, que puede ser responsabilizado si no puede demostrar la legalidad de los cigarros que tiene en su poder», denunciaron desde la organización.
Las sanciones por poseer o vender cigarros de contrabando pueden ser severas, alcanzando hasta nueve años de prisión, además de multas que equivalen hasta el 150% de las contribuciones no pagadas, incluyendo el IEPS. Estas penalizaciones son aplicables no solo a productores de cigarros ilegales, sino también a comerciantes, distribuidores o cualquier individuo que no pueda comprobar la legalidad de los productos en su posesión.
Ante esta realidad, la Anpec ha instado a los pequeños comerciantes en todo el país a adquirir cigarros únicamente de distribuidores formales, a revisar cuidadosamente cada cajetilla, y a conservar la documentación que acredite la legalidad de los productos que venden.
