Los incendios ocurridos este verano en las regiones de Ñuble y Biobío han sacado a la luz un tema crítico: la vulnerabilidad de los animales—ya sean domesticados, de producción o silvestres—ante desastres naturales. Este fenómeno ha generado un debate urgente sobre la falta de protección legal y política para garantizar su bienestar en situaciones de emergencia.
En Lirquén, equipos de la Policía de Investigaciones y voluntarios han implementado clínicas móviles para atender a perros, gatos y otros animales rescatados de los escombros. Muchos de estos animales presentan lesiones que demandan atención veterinaria inmediata. A pesar de la buena intención detrás de estas acciones, la respuesta es improvisada y depende en gran medida de la solidaridad de quienes están en la primera línea.
El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) ha reportado la muerte de diversas especies silvestres, incluidas especies en peligro de extinción, como el pudú. La destrucción de sus hábitats y la escasez de alimento han provocado un rescatador de animales gravemente afectados. Al mismo tiempo, muchas familias se encuentran desesperadas buscando a sus mascotas, lo que ha impulsado iniciativas civiles como Animales perdidos. Sin embargo, estas plataformas destacan un vacío institucional en la protección de animales durante crisis de tal magnitud.
Contexto Legal y Político
Para abordar este problema es esencial comprender las raíces en el sistema jurídico chileno. En comparación con otras jurisdicciones, los animales a menudo son clasificados como “propiedad”, lo que influye en la forma en que se les considera en momentos críticos. Esta categorización define prioridades y responsabilidades, relegando las necesidades básicas de los animales frente a otros intereses más urgentes.
Aunque la Ley 20.380 reconoce a los animales como seres “vivientes y sensibles”, la legislación chilena se ha centrado en la prevención del maltrato y la promoción de la tenencia responsable, sin abordar específicamente la protección animal en situaciones de emergencia. La ley que modernizó la gestión del riesgo de desastres menciona la importancia de una respuesta integral, pero la “dimensión animal” se presenta más como una meta deseable que como un mandato con obligaciones claras y recursos adecuados.
Desafíos para la Fauna Silvestre
La situación para la fauna silvestre es incluso más crítica. Los esfuerzos de rescate son limitados y los centros de rehabilitación se encuentran al borde de sus capacidades. La recuperación de especies y ecosistemas afectados por los incendios puede llevar años. Comparaciones con Australia, posterior a los incendios de 2019-2020, indican que ese país ha avanzado en incorporar la protección animal en su planificación ante desastres, reconociendo que los intereses de los animales deben ser considerados por la política pública.
Reformas Necesarias
La situación actual destaca la necesidad de reformas urgentes. Primero, debe integrarse la protección animal como obligación en los planes de gestión del riesgo, incluyendo aspectos como evacuación y atención veterinaria, con criterios estandarizados. Segundo, es esencial asegurar financiamiento permanente para el rescate y rehabilitación de animales, tanto domésticos como silvestres. Tercero, se debe revisar el estatus jurídico de los animales en contextos de desastre, para que su reconocimiento como seres vivos y sensibles tenga un impacto real en las políticas públicas.
Sin la implementación de estas reformas, las respuestas seguirán siendo improvisadas y dependerán de la buena voluntad de voluntarios, en lugar de estar fundamentadas en un sistema estatal que reconozca la importancia de proteger a todos los seres afectados cuando el fuego vuelva a amenazar.
