Revés Judicial para Trump en Despidos en el Gobierno Federal
La situación política en Estados Unidos vuelve a tensarse tras un nuevo revés judicial para el presidente Donald Trump. Una jueza federal de San Francisco ha decidido bloquear, por el momento, los planes del mandatario de despedir a decenas de miles de funcionarios del gobierno durante el actual cierre parcial, resultado de la disputa entre los partidos republicano y demócrata sobre el gasto sanitario.
Contexto del Conflicto
El cierre gubernamental se ha prolongado por dos semanas a causa de desacuerdos sobre el presupuesto. Trump ha amenazado con despedir a miles de trabajadores federales si los demócratas no aprueban un presupuesto que, además de incluir recortes significativos en la cobertura sanitaria, ha sido presentado por la mayoría republicana, que controla ambas cámaras del Congreso.
Ante la falta de financiación, el gobierno ha suspendido la mayoría de operaciones no esenciales, lo que ha llevado a una paralización de servicios públicos importantes como la seguridad y la defensa.
La Decisión Judicial
La jueza de distrito de la corte federal de California, Susan Illston, admitió a trámite la solicitud de bloqueo de los despidos presentada por dos sindicatos, que abogan por la protección de miles de puestos de trabajo en diversas agencias federales.
Esta decisión se produjo tras el anuncio del director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, quien había comunicado en redes sociales que «los ERE han comenzado». La Casa Blanca ya había comenzado a notificar despidos a más de 4.000 funcionarios.
Impacto Potencial y Reacciones
Vought, involucrado en la elaboración del Proyecto 2025, que propone reducir drásticamente la burocracia federal, advirtió que el cierre gubernamental podría resultar en la pérdida de más de 10.000 empleos federales. Durante una audiencia, la jueza Illston afirmó que las acciones del gobierno eran «contrarias a las leyes», indicando que no se puede actuar así en un país que se rige por el estado de derecho.
Illston destacó que la administración de Trump ha intentado aprovechar el cierre para implementar medidas que podrían estar motivadas políticamente, subrayando que los despidos no corresponden a un servicio esencial y, por ende, no pueden justificarse durante este periodo.
Postura de los Sindicatos
Las principales asociaciones de empleados públicos, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME), se oponen a los despidos durante el cierre, argumentando que no hay fundamento legal para llevar a cabo esta acción en tales circunstancias.
Democracy Forward, un grupo que representa a estos sindicatos, aplaudió la decisión de Illston como un paso hacia la protección de los derechos de los trabajadores. La presidenta del grupo, Skye Perryman, subrayó que el pueblo estadounidense está demandando responsabilidad a su gobierno, incluso en los tribunales.
El presidente nacional de AFGE, Everett Kelley, calificó el intento de despidos masivos como no solo cruel, sino ilegal, recordando que los empleados públicos desempeñan funciones cruciales para el buen funcionamiento del país. Por su parte, Lee Saunders, presidente de AFSCME, destacó que esta decisión judicial refuerza la situación de incertidumbre que han enfrentado los trabajadores federales debido a los constantes ataques a sus derechos y funciones.
Las asociaciones sindicales han manifestado su intención de continuar luchando en los tribunales para defender los derechos de los empleados públicos afectados.
