La relación entre Colombia y las Naciones Unidas (ONU) en el monitoreo de la producción de coca se encuentra en una encrucijada crítica. Después de 27 años de vigilancia sobre los cultivos ilícitos, el presidente Gustavo Petro ha decidido desafiar la metodología actual. En un mensaje publicado en la red social X, Petro anunció que su gobierno dejará de utilizar los datos proporcionados por la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito (UNODC), lo que podría poner en riesgo la renovación del contrato que expiró en diciembre del año pasado.
Desde hace meses, el presidente colombiano ha cuestionado la validez de las cifras de la ONU, argumentando que no reflejan la realidad del país. Las fuentes gubernamentales advierten que estos datos han sido instrumentalizados por figuras como Donald Trump para criticar la política antidrogas de Petro y han generado tensiones diplomáticas. A tan solo diez días de su encuentro en la Casa Blanca, Petro parece decidido a implementar su propia estrategia.
«El indicador de potencial producción de cocaína ha sido pésimamente construido por la UNODC desde hace años», afirmó Petro en su mensaje. En la misma declaración, insistió en que Colombia ha compartido con la DEA estudios que demuestran una reducción en la tasa de crecimiento de los cultivos de coca. Este debate ocupó gran parte de la conversación telefónica que tuvieron Petro y Trump el 8 de enero.
Recientes informaciones indican que la UNODC reportó 3,001 toneladas de cocaína potencial en Colombia, un aumento del 12.6 % en comparación con el año anterior. Sin embargo, se destaca que el ritmo de producción ha comenzado a desacelerarse. El futuro del contrato de monitoreo con la ONU sigue siendo incierto, y fuentes cercanas sugieren que su renovación es poco probable a menos que la ONU reconozca errores en su metodología.
Este conflicto tiene implicaciones políticas significativas. Petro ha vinculado las cifras de la ONU con la descertificación de Colombia y su inclusión en la Lista Clinton, lo que genera tensiones en su relación con Estados Unidos. En caso de que el contrato con la ONU no se renueve, el presidente planea que Colombia asuma el monitoreo de los cultivos. «La policía tiene toda la capacidad para hacerlo», indicó una fuente gubernamental.
Desde 1999, la UNODC ha sido la entidad principal para medir la producción de coca en Colombia, proporcionando datos sobre hectáreas sembradas y producción potencial de cocaína. Sin embargo, las alarmas se encendieron tras el informe de 2023, que reveló inconsistencias en la metodología. La UNODC divide el país en cuatro regiones, midiendo solo una cada año y extrapolando los resultados, lo que puede inflar los datos de producción.
En contraste, Petro defiende la validez del Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía Nacional, que basa sus informes en imágenes satelitales y ofrece monitoreo constante. Según estos datos, hasta agosto de este año, Colombia contaba con 262,179 hectáreas de coca, un 15 % menos que las cifras de la UNODC. Sin embargo, este sistema también ha recibido críticas por su falta de precisión.
El cambio en la metodología de monitoreo se produce en un momento delicado para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que se han visto influenciadas por las cifras de la ONU. En su último informe, la UNODC afirmó que Colombia tenía 253,000 hectáreas de cultivos de coca y reportó un aumento del 53 % en la producción de cocaína pura entre 2022 y 2023, lo que ha llevado a decisiones clave por parte del gobierno estadounidense.
Petro ha calificado las cifras de la UNODC como engañosas, señalando que alimentan la tensión entre él y Trump, quien llegó a acusarlo de no hacer lo suficiente para combatir la producción de cocaína. El debate, aunque parezca metodológico, plantea preguntas más amplias sobre la relación bilateral en la lucha antidrogas y cómo esto puede afectar la estrategia colombiana a largo plazo.
Los documentos que el Gobierno colombiano presente en la reunión del 3 de febrero en Washington serán cruciales para definir el futuro de esta colaboración y el enfoque que adoptará Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
