La Nueva Era Migratoria de Estados Unidos bajo Trump
En 2026, Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia, mientras el presidente Donald Trump redefine la política migratoria del país hacia un modelo excluyente, en contraposición a su historia como nación de inmigrantes. En su primer año de mandato, el saldo de migrantes fue negativo por primera vez en medio siglo, con una salida de entre 10.000 y 250.000 personas, según datos de Brookings.
Deportaciones y Restricciones en la Frontera
La cruzada antiinmigrante del presidente Trump ha tenido consecuencias drásticas: deportaciones masivas, cierre de la frontera, cancelación de programas de refugiados y asilo, y restricciones en la entrada de ciudadanos de ciertos países. Hasta diciembre de 2025, se registraron 605.000 deportaciones, una cifra que algunos consideran difícil de verificar. Además, el clima de miedo instaurado ha llevado a muchos extranjeros a optar por la autodeportación.
Un punto crítico fue el asesinato de la estadounidense Renne Good en Minneapolis, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que generó una ola de protestas reprimidas con violencia por las autoridades. Esta situación ha propiciado que figuras como Doris Meissner, directora del Instituto de Política Migratoria, alerten sobre el uso de la inmigración como una amenaza para la seguridad nacional.
Tácticas de Control y Descontento
La narrativa del Partido Republicano, que responsabiliza a los migrantes de problemas como la delincuencia y el desempleo, ha sido un eje central de la administración Trump. Sin embargo, recientes encuestas indican que la aprobación del gobierno en temas migratorios entre los republicanos ha disminuido del 88% al 76%. En general, solo el 38% de la población adulta aprueba su gestión en este aspecto.
Trump ha emitido aproximadamente 38 órdenes ejecutivas sobre inmigración, lo que representa el 17% del total de sus decretos presidenciales en un año. Sus objetivos incluyen poner fin a lo que él considera una “invasión” en la frontera y ejecutar la mayor deportación de la historia, buscando un millón de expulsiones al año. No obstante, los datos oficiales sugieren que sus metas aún están lejos de cumplirse, lo que ha llevado a cambios en la dirección de las agencias migratorias.
Colaboración Local y Condiciones de Detención
A pesar de que las mayores operaciones contra la inmigración se realizan en ciudades demócratas, el Gobierno ha promovido la colaboración entre autoridades locales y el ICE, mediante acuerdos como el 287g, que permiten a la policía local participar en las detenciones. Sin embargo, más del 70% de los detenidos no poseen antecedentes penales, y en los centros de detención del ICE, unas 70.000 personas viven en condiciones deplorables, lejos de cualquier acto ilícito más allá de su estatus migratorio.
Asimismo, la administración ha utilizado expulsiones expeditas, restringiendo el acceso a defensa legal, y recientemente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a más de 200 venezolanos y salvadoreños sin juicio, acusándolos de pertenencia a pandillas, una afirmación sin pruebas claras.
Modificaciones en Programas de Protección y Visas
Trump ha eliminado programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole humanitario, afectando a más de un millón de personas de países en crisis, como Venezuela y Haití. Sus esfuerzos incluyen restricciones adicionales a la inmigración de ciudadanos de 39 países, la imposición de fianzas elevadas y la creación de nuevas visas que favorecen a quienes pueden pagar sumas significativas por la residencia.
Entre estas iniciativas se encuentran la «visa dorada», que otorga refugio a quienes inviertan un millón de dólares, y una próxima «visa platino», que ofrecerá ventajas fiscales a quienes desembolsen cinco millones. Estas políticas marcan un notable cambio en el perfil del inmigrante que se desea en Estados Unidos.
