La tensión entre el presidente Gustavo Petro y los gobernadores regionales ha resurgido, marcando un nuevo capítulo de confrontación. Esta semana, los mandatarios regionales se opusieron al decreto de emergencia económica, que introduce nuevos impuestos de consumo, argumentando que infringe su autonomía territorial. La medida, que busca gestionar la crisis fiscal en el país, establece cambios en los gravámenes sobre licores y cigarrillos, recursos que son vitales para los presupuestos de salud, educación y deportes de los departamentos.
Los gobernadores, organizados en la Federación Nacional de Departamentos (FND), manifestaron su rechazo, destacando que la implementación del decreto 1474 de 2025 conducirá a una reducción significativa de los fondos locales. En este contexto, el Gobierno nacional ha amenazado con medidas legales contra quienes se nieguen a cumplir la normativa, lo que provocó la reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien calificó las advertencias de “intimidaciones”.
Decreto 1474 de 2025: Contexto y Reacción
El decreto mencionado fue promulgado en medio de la emergencia económica y responde a la necesidad de cubrir un déficit de 16 billones de pesos, tras el rechazo del Congreso a una reforma tributaria. Anteriormente, el 5% de los impuestos sobre la venta de alcohol y cigarrillos se destinaba a los departamentos, pero la nueva normativa eleva esta tasa al 19%, destinando el 14% adicional al presupuesto nacional.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha anunciado que presentarán un documento ante la Corte Constitucional para evidenciar los impactos negativos de esta medida. Por su parte, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, expresó que el aumento de precios en bebidas alcohólicas podría reducir el consumo y, por ende, afectar los ingresos fiscales.
Respuestas del Gobierno y Reacciones de los Gobernadores
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) intentó calmar la situación, aclarando que el aumento de tarifas está alineado con el gravamen actual de la cerveza y que la realidad del mercado de destilados en Colombia muestra precios inferiores al promedio mundial. Además, el Ministerio de Salud ha puntualizado que solo se producen reducciones significativas en el consumo con incrementos de precios más amplios.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el desacato a la normativa podría resultar en un “mal ejemplo” y potencialmente en un caso de prevaricato. A pesar de las tensiones, algunos gobernadores, como Juan Diego Patiño de Risaralda, han manifestado su intención de cumplir con el decreto hasta que la Corte se pronuncie al respecto.
Alcaldes también se Sumaron al Rechazo
Los alcaldes de las principales ciudades capitales de Colombia, agrupados en Asocapitales, se unieron a la oposición al decreto. En un comunicado, pidieron la suspensión del decreto 1390, argumentando que no cumple con los requisitos constitucionales para ser considerado excepcional.
La relación entre los gobernadores y el presidente Petro ha estado marcada por tensiones desde su inicio. Gobernadores como Rendón han criticado al Ejecutivo por cuestiones de seguridad en Antioquia, donde han aumentado las violencias. Por otra parte, la gobernadora Toro ha denunciado que el Gobierno ha frenado proyectos clave para su región desde que se negaron a apoyar una consulta popular.
Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se ha enfrentado al presidente por diversos temas, desde acuerdos sobre el Metro hasta incrementos tarifarios en el sistema TransMilenio, lo que ha situado en la mira a su administración frente a las decisiones del ejecutivo.
Mirando al Futuro
Este conflicto, el más reciente de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno y los mandatarios regionales, parece presagiar más tensiones en el futuro. Será la Corte Constitucional quien decida finalmente si el aumento de impuestos y la declaración de la emergencia económica son compatibles con la Constitución colombiana.
