El Gobierno ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra una orden firmada por Emilio Viciana, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que autoriza al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a abrir un centro adscrito a la Universidad Complutense. Esta decisión marca un hito, ya que es la primera vez en España que un colegio profesional impartirá títulos oficiales.
El Ministerio de Ciencia, liderado por Diana Morant, considera que la enseñanza universitaria debe ser exclusiva de las universidades, donde se encuentra el profesorado capacitado. Fuentes del ministerio indicaron que este recurso se habría presentado independientemente de la comunidad autónoma en la que se diera la situación, dada la naturaleza inédita de la adscripción.
Contexto Político y Conflictos de Interés
La decisión del Gobierno se produce en un contexto de tensión con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, así como con el propio ICAM, que había denunciado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. El ICAM se integró en la causa del fiscal general en marzo pasado, y Ayuso aprobó la apertura del centro el 11 de noviembre, coincidiendo con el periodo de juicio, lo que generó una fuerte indignación en el colectivo profesional.
En respuesta a las críticas, el ICAM dejó claro que rechazaba cualquier insinuación de favoritismo en la autorización del centro universitario. El recurso del Gobierno señala la falta de claridad en la motivación del acto administrativo, recordando que la función principal de los colegios profesionales no incluye la impartición de docencia oficial, aunque sí ofrecen cursos de formación.
Implicaciones de la Adscripción Universitaria
El Gobierno sostiene que la creación del centro por parte del ICAM podría vulnerar los estatutos del colegio profesional. Esta opinión coincide con la de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, la cual expresó que la adscripción iba en contra de sus propios principios. A pesar de los cambios en los estatutos, Madri+d afirmó que persistía un “conflicto de intereses con otras universidades” y solicitó aclaraciones adicionales sobre el tema.
Según un informe solicitado por la consejería, un colegio profesional puede ser titular de un centro adscrito siempre que sus estatutos lo habiliten. En respuesta a esta consideración, el ICAM modificó sus estatutos para poder ofrecer formación en grados y másteres. Sin embargo, el ministerio cree que esta acción puede dar paso a que otros colegios profesionales sigan el mismo camino, lo que podría comprometer la calidad de la educación superior en España.
Tasa de Matrículas y Preocupaciones Económicas
El ICAM prevé iniciar sus actividades con 210 matrículas de posgrado, proyectando un incremento a 500 estudiantes en un período de cuatro años. Se estima que los costos para sus programas de máster oscilarán entre 4.000 y 5.800 euros, tarifas competitivas en comparación con el mercado privado. Sin embargo, la Consejería de Educación ha manifestado dudas sobre la viabilidad económica del centro en el mediano plazo.
El mismo día en que se presentó el recurso del Gobierno, el Partido Socialista de Madrid también interpuso un recurso ante el Tribunal Superior, argumentando que la autorización del consejero infringe la legislación universitaria estatal y autonómica, así como los propios estatutos de la Universidad Complutense.
