El caso de Julia Chuñil Catricura, activista mapuche desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en Chile, ha tomado un giro significativo tras la detención de tres de sus hijos y un exyerno. Este miércoles en la madrugada, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastías Bastidas fueron aprehendidos por su presunta participación en el asesinato de la líder comunitaria. Los detenidos serán presentados ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos.
La fiscal Tatiana Esquivel López, al frente de la Fiscalía Regional de Los Ríos, informó que se presentarán cargos por parricidio contra los hijos de Chuñil y por homicidio calificado con alevosía para el exyerno. Además, todos ellos enfrentarán imputaciones por robo con violencia e intimidación a un hombre de 90 años que residía en la misma propiedad de la activista. La captura de los sospechosos fue el resultado de una investigación «compleja, sigilosa y reservada» que involucró al Ministerio Público y diversas fuerzas de seguridad.
Julia Chuñil, de 72 años, ejercía como presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel, en Máfil, y era conocida por su defensa del medioambiente. Sus hijos habían señalado previamente al empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter como responsable de su desaparición. La familia divulgó un comunicado el 30 de septiembre en el que destacaban la importancia de un audio encontrado durante la investigación, supuestamente atribuido a Morstadt, donde se insinuaba que el cuerpo de Chuñil podría haber sido incinerado.
Este hallazgo suscitó una fuerte conmoción pública, lo que llevó al presidente Gabriel Boric a exigir «verdad y justicia» para esclarecer el paradero de la activista. Boric afirmó que la lucha de Chuñil representaba no solo a su comunidad, sino a la vasta mayoría de los chilenos, insistiendo en la necesidad de que las instituciones funcionen para hacer justicia.
El Ministerio Público lamentó la filtración del mencionado audio, con el fiscal nacional Ángel Valencia expresando su preocupación de que dicha información no reflejara la complejidad de la investigación. «La publicación no representa el contenido íntegro de la investigación, que es bastante más compleja», subrayó Valencia en una rueda de prensa.
Por su parte, la abogada Karina Riquelme, representante de la familia Chuñil, criticó la presunta ineficiencia del Ministerio Público y solicitó formalizar cargos contra Morstadt. Sin embargo, la indagación también abarcaba posibles conflictos entre uno de los hijos sobre un contrato de venta de terreno, lo que fue descartado por la defensa, que mantenía su enfoque en la implicación penal de quienes participaron en la desaparición.
Pablo San Martín y Javier Troncoso, ahora detenidos, negaron en entrevistas previas cualquier implicación en la desaparición de su madre, argumentando que no sería razonable hacerlo por un pequeño terreno. Además, su defensa insistía en que el crimen se debía al activismo de Chuñil en favor del medio ambiente.
Su familia había manifestado que la activista, nacida en Los Ríos, estaba profundamente comprometida con la conservación de la tierra, y su hijo, Pablo San Martín, había hablado sobre su dedicación en la documentación de las amenazas que enfrentan los defensores del medioambiente.
Las desapariciones de Chuñil movilizaron a diversas organizaciones sociales e indígenas, llevando a manifestaciones en diferentes ciudades de Chile, incluida Santiago, donde los carteles con la pregunta «¿Dónde está Julia Chuñil?» eran comunes. En este contexto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, comprometió a la organización a seguir de cerca el desarrollo de la investigación y el juicio que pueda derivar de este caso.
