Negociaciones entre el Gobierno de España y la Junta de Extremadura por la Ley de Concordia
El Gobierno de España y la Junta de Extremadura se encuentran en una fase de negociación en comisión bilateral para resolver las tensiones generadas por la Ley de Concordia de Extremadura. Esta ley, impulsada por el Partido Popular (PP) y Vox, reemplaza a la anterior Ley de Memoria Histórica y Democrática en un contexto de acusaciones de revisionismo por parte de la oposición, que califica el nuevo texto como “una humillación” hacia las víctimas de la dictadura franquista.
Así lo estipula el Boletín Oficial del Estado publicado recientemente. La resolución, datada el 2 de diciembre, reconoce “discrepancias en relación con diversos artículos y disposiciones” de la ley, lo que ha llevado al Gobierno central a plantear preocupaciones similares sobre otras leyes regionales de concordia en comunidades autónomas gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana y Aragón.
Características de la Ley de Concordia de Extremadura
La Ley de Concordia en Extremadura busca cuestionar las políticas de memoria democrática establecidas desde 2007. El texto argumenta que “la Transición fue un ejemplo, internacionalmente reconocido, de cómo cerrar heridas” y establece que no debe ser responsabilidad del legislador actual juzgar a los españoles de épocas pasadas, incluyendo la Guerra Civil y la dictadura.
La ley presenta un enfoque inclusivo, definiendo a “víctimas” como aquellas personas que sufrieron violencia política, ideológica, religiosa o terrorista desde 1931 hasta el presente, lo que abarca también la etapa de la República. Reconoce explícitamente a las víctimas de la Guerra Civil, del franquismo y del terrorismo de ETA, y subraya la importancia de no olvidar a las víctimas del terrorismo en el marco de una Ley de Concordia. También se prevé la creación de un censo público de víctimas, un mapa de fosas y un procedimiento administrativo para exhumaciones, con protocolos específicos.
Reacciones del Gobierno Central y de Asociaciones de Memoria Histórica
No obstante, la nueva ley ha encontrado una fuerte oposición del Gobierno central. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado su desacuerdo, afirmando que la derogación de la anterior normativa, aprobada por el PSOE, es un retroceso. Torres destacó que la anterior ley era “justa, buscando la dignidad y la verdad”, y señaló que “las víctimas merecen justicia y reconocimiento”.
Desde el Gobierno se critican aspectos cruciales de la Ley de Concordia, como la redefinición de periodos históricos y de los conceptos de víctima, así como la eliminación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Este desencuentro señala un claro contraste entre dos enfoques sobre el pasado reciente: uno que ve en la Transición un cierre y otro que promueve la memoria democrática como una política pública central para los derechos humanos.
Opiniones de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura se mostró crítica frente a esta legislación, considerando su aprobación a finales de 2025 como “innecesaria”. El presidente de la organización, José Manuel Corbacho, declaró que «recuperar la memoria histórica es una cuestión de derechos humanos que nos debería concernir a todos”. Además, se señaló que la nueva ley omite capítulos esenciales de la legislación anterior, que sí cumplía con los estándares del derecho internacional en términos de verdad, justicia y reparación.
El portavoz de la asociación también cuestionó que el texto actual es una “copia parcial” de leyes similares impulsadas por PP y Vox en otras comunidades, y acusó que blanquea la dictadura franquista, ya que no la menciona explícitamente.
