La ofensiva contra la ciencia y el conocimiento en 2025
El año 2025 ha sido marcado por una preocupante ofensiva contra el conocimiento y la ciencia. Esta no es una serie de incidentes aislados, sino una estrategia política sistemática destinada a socavar la investigación y erosionar uno de los pilares fundamentales de las democracias: la capacidad colectiva de distinguir entre hechos verificables y desinformación.
Desinformación a gran escala desde la Casa Blanca
Desde el 20 de enero, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los ataques dirigidos hacia el saber académico han alcanzado niveles inéditos. La difusión de información errónea ha sido más sistemática y extensa que nunca en la historia reciente. Trump ha demostrado un desprecio evidente hacia las investigaciones académicas que no se alinean con sus intereses políticos y económicos.
Impacto en la percepción pública y la gestión de la ciencia
En un Estados Unidos saturado de ruido mediático y propaganda, la ignorancia se despliega sin pudor. Realidades científicas como el calentamiento global son descalificadas como «la mayor estafa jamás perpetrada». Asimismo, las vacunas, como la del sarampión, son presentadas como amenazas para la salud pública, mientras que conceptos clave como «diversidad» y «género» desaparecen de documentos científicos y oficiales. Además, los recortes drásticos a presupuestos de universidades y organismos científicos son cada vez más comunes.
Una tendencia global
Esta embestida no se limita a Estados Unidos; actúa como un potente amplificador de fuerzas reaccionarias a nivel mundial. La extrema derecha y otros sectores políticos, aparentemente menos radicales, se alimentan de la estrategia desinformativa de Trump. Para estos movimientos, la libertad académica constituye un obstáculo, la investigación crítica es una amenaza y el pensamiento racional es considerado un enemigo.
La defensa de la ciencia como defensa de la democracia
La guerra contra la ciencia es, en esencia, una guerra contra la democracia y el pensamiento crítico. Desconocer los hechos limita el debate público y socava las bases de la justicia social. Sin conocimiento fiable, no hay deliberación informada, y sin esta, la democracia se convierte en un ritual vacío. Proteger la ciencia es proteger el derecho ciudadano a entender el mundo y actuar sobre él.
Respuesta de la comunidad científica
Ante esta ofensiva, la comunidad científica ha tomado la iniciativa. En febrero, se creó en Estados Unidos el movimiento Stand Up for Science, que rápidamente ha extendido sus redes a nivel mundial. Este movimiento reúne a investigadores, médicos y educadores comprometidos con la defensa del conocimiento como un bien público. Cada descubrimiento, artículo o clase impartida se convierte en un acto de resistencia contra quienes desean imponer el silencio.
El valor de la ciencia en la sociedad
Aunque la ciencia no es neutral, su valor radica en los métodos que permiten probar afirmaciones y acumular conocimiento compartido. Esta capacidad resulta peligrosa para quienes ejercen el poder a través de la desinformación. Desprestigiar la investigación y limitar el financiamiento de universidades busca restringir la capacidad social de cuestionar y entender la realidad.
Un asunto esencial para la democracia
Defender la ciencia no es una cuestión de elitismo, sino una necesidad para mantener las infraestructuras democráticas fundamentales. La investigación científica respalda políticas de salud pública, sistemas educativos y respuestas al cambio climático. Atacar la ciencia implica un ataque directo a la vida cotidiana de millones de personas.
Conclusión
La reflexión sobre la situación actual no debe ser solo un ejercicio intelectual, sino un posicionamiento claro. Frente al desprecio por el conocimiento y la banalización de la mentira, es crucial reivindicar la ciencia como un bien común y un pilar democrático esencial. Este conflicto no es una simple disputa de opiniones, sino una lucha entre el derecho al conocimiento y la voluntad de oscurecerlo. La defensa de la investigación se posiciona, por tanto, como una responsabilidad política ineludible.
Ramon López de Mántaras Badia es profesor de investigación del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (CSIC).
