Debate sobre la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

En medio de la polarización política en Colombia, el tema de una Asamblea Nacional Constituyente despierta fuertes opiniones. Para quienes apoyan al presidente Gustavo Petro, la creación de una nueva Constitución es vista como una oportunidad para transformar al país, que se encuentra entre los más desiguales del mundo. Mientras tanto, quienes se oponen a esta idea temen que la modificación de la carta magna conduzca a una “venezolanización” de Colombia, evocando el recuerdo del cambio constitucional que permitió la consolidación del régimen de Hugo Chávez.

Argumentos a favor y en contra del cambio constitucional

Los defensores de una nueva Constitución señalan que es un paso necesario para abordar la grave desigualdad que enfrenta el país. Sin embargo, los críticos argumentan que cambios similares en otros países latinoamericanos, como Ecuador y Bolivia, no lograron los beneficios esperados y no mejoraron la situación económica ni la equidad social en dichos lugares.

A pesar de los llamados a una revisión constitucional, el Gobierno no ha delineado claramente los puntos que requieren atención en la actual legislación. Desde la Casa de Nariño, se promueve la idea de que un nuevo texto legal puede, por sí solo, generar una transformación radical en la vida cotidiana de los colombianos, sugiriendo erróneamente que la Constitución de 1991 es responsable de problemas como el narcotráfico o la corrupción.

Propuestas para una reforma constitucional

El Ejecutivo podría plantear que es fundamental modificar el sistema de elección de magistrados, que actualmente depende del Congreso y se encuentra politizado. También se podría recomendar que los magistrados de las altas cortes no sean exfuncionarios del gobierno que los nomina, una medida que podría reducir la influencia política en las decisiones judiciales.

Además, sería pertinente discutir una reforma de las contralorías municipales y departamentales, que a menudo se perciben como ineficaces en la lucha contra la corrupción. Este problema se extiende a la Contraloría General de la República, cuya función en algunos casos es obstruir la supervisión de la gestión pública.

Asimismo, el Gobierno podría abogar por un cambio hacia un sistema parlamentario, donde los partidos políticos necesariamente establezcan acuerdos claros, representando verdaderamente ideas y no simples figuras políticas. Aun así, es evidente que el poder ejecutivo entiende que cambiar el texto constitucional por sí solo no resolverá los problemas estructurales del país, tal como lo muestran los resultados en Venezuela bajo la Constitución de Chávez.