El pasado 19 de diciembre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia llevó a cabo una de las operaciones de deuda más grandes y controvertidas de su historia. En apenas 34 minutos, desde las 8:45 hasta las 9:19 de la mañana, el ministerio vendió bonos soberanos, conocidos como TES, por un total de 23 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 6.000 millones de dólares. Esta transacción se realizó con un único comprador extranjero anónimo, evitando el canal habitual de subastas abiertas que garantizan una competencia más justa en la fijación de precios. Según expertos financieros, esta maniobra significó aceptar tasas más altas que las del mercado, lo que podría trasladar una carga significativa a los ciudadanos colombianos en los próximos 15 años.
Objetivos y consecuencias de la operación
La principal meta del Gobierno fue conseguir liquidez para una Tesorería Nacional que enfrentaba problemas de efectivo. Gracias a esta operación, Hacienda logró un ingreso total de 23,6 billones de pesos. Sin embargo, este alivio inmediato se traduce en una deuda costosa que alcanzará casi 49,5 billones de pesos en 2040, más del doble de lo ingresado inicialmente. Se estima que el 53% de estos pagos estarán destinados a los intereses que remuneren al prestamista anónimo.
Tasas elevadas y falta de transparencia
La operación incluyó cuatro emisiones de bonos con vencimientos en 2029, 2033, 2035 y 2040, cada una con tasas de interés considerablemente altas. El bono a más largo plazo se adjudicó con un interés anual del 13,32%, el más alto del día, mientras que el promedio general fue del 13,15%. Esta diferencia frente a una tasa del 12,65% en el mercado resulta en un costo adicional cercano a dos billones de pesos en intereses durante los próximos 15 años.
Reacciones de expertos
Voces autorizadas como Juan Ricardo Ortega, exdirector de Crédito Público, consideran esta operación como un retroceso en el manejo de la deuda que podría erosionar la confianza acumulada por Colombia a lo largo de varias décadas. Ortega señala que la operación es cuestionable especialmente porque se canceló una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ofrecía dólares a tasas más favorables. Además, exministros como José Antonio Ocampo han calificado la transacción como atípica, ya que los TES están diseñados para funcionar dentro de un mercado transparente.
Crisis reputacional y efectos a largo plazo
Ana Fernanda Maiguashca, excodirectora del Banco de la República, critica la previsibilidad de la operación y sugiere que la falta de competencia en la fijación de precios puede estar perjudicando al Estado. Por su parte, Felipe Campos, gerente de inversión en Alianza Valores, advierte que este tipo de maniobras generan estabilidad a corto plazo, pero incrementan las tasas de interés y fragmentan el mercado a largo plazo.
Hernando Zuleta, decano de Economía en la Universidad de los Andes, también destaca un riesgo considerable: la posible asfixia presupuestal. Aunque esta emisión represente solo el 2% de la deuda total, sentaría un peligroso precedente que podría elevar las tasas de refinanciamiento en el futuro, comprometiendo así la capacidad del próximo gobierno de negociar condiciones más favorables.
Identidad del comprador y su impacto
Después de cuatro días de intriga, se reveló que el comprador anónimo era Pimco, una firma estadounidense conocida por su influencia en el mercado de bonos soberanos. Aunque se consideró una transacción rápida, la falta de claridad genera preocupaciones sobre la sostenibilidad y transparencia en el manejo de la deuda pública.
