Condena de 20 años para coronel retirado por «falsos positivos» en Colombia
El coronel retirado del Ejército colombiano, Publio Hernán Mejía, ha sido condenado a 20 años de prisión por su participación en los asesinatos de 72 personas que fueron falsamente presentadas como muertas en combate. Esta decisión fue tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impuso la máxima sanción posible tras el juicio en el que se demostró su culpabilidad. Mejía, quien no aceptó su responsabilidad en los crímenes, lideró el Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar entre 2002 y 2003, donde se formó un aparato criminal que operó bajo su mando.
Estrategia de «falsos positivos»
La estructura criminal creada por Mejía incluyó una alianza con el grupo paramilitar Mártires del Cesar, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que resultó en los asesinatos de 72 personas inocentes. Este hecho es emblemático del fenómeno conocido en Colombia como «falsos positivos», utilizado para mostrar avances en la lucha contra guerrillas, convirtiéndose en un símbolo de la pérdida de legitimidad de las fuerzas estatales.
Desmantelando la imagen del coronel
Durante el juicio, la defensa de Mejía argumentó que él había salvado al departamento del Cesar de grupos armados, una narrativa que fue desmentida por las pruebas presentadas. Mejía era considerado uno de los oficiales más respetados y condecorados del Ejército. Sin embargo, la JEP reveló las diversas modalidades empleadas para cometer los asesinatos, descalificando así la imagen intachable que había construido durante su carrera militar.
Alianzas letales: 34 víctimas en simulación de combate
En 34 de los casos, el frente paramilitar Mártires del Cesar entregó a civiles constituyendo una trampa mortal. Por ejemplo, el caso de Jesús Emilio Márquez Gutiérrez, asesinado tras ser señalado de ladrón. Posteriormente, su cuerpo fue presentado como una baja en combate. Asimismo, Anuar de Armas Rincones fue asesinado bajo acusaciones de ser guerrillero y entregado al Ejército por sus captores. Esta colaboración entre militares y paramilitares fue tan cercana que los primeros consideraban a los segundos como “sus fuerzas especiales”.
18 víctimas seleccionadas por su vulnerabilidad
En otros 18 asesinatos, las víctimas fueron seleccionadas por su situación de pobreza y vulnerabilidad. Manuel Regino Romero Negrete y su sobrino Avelino Vega Gutiérrez fueron capturados y asesinados, posteriormente presentados como guerrilleros. Este modus operandi destacó la brutalidad con la que se manejaba la violencia estructurada en la región.
Masacre de 18 paramilitares en acción militar
Uno de los incidentes más notorios ocurrió en octubre de 2002, después de que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez contactara a Mejía por un secuestro relacionado con un robo de ganado. La operación resultó en el asesinato de 18 paramilitares heridos, quienes fueron presentados erróneamente como miembros del ELN. Testimonios revelan que algunos de los soldados dispararon a las víctimas incluso después de haber sido heridas.
Obstrucción a la justicia
El sistema de encubrimiento ideado por Mejía incluyó la creación de documentos falsos para dar legalidad a los asesinatos. Como resultado, la JEP ha solicitado investigaciones sobre seis jueces penales militares que habrían contribuido a la impunidad al no investigar adecuadamente los casos. Además, se han referido al superior jerárquico de Mejía y a otros altos mandos del Ejército para su posible llamado a declarar.
Mejía había sido previamente condenado en la justicia ordinaria por sus vínculos con los paramilitares y pasó 10 años en prisión. Sin embargo, fue liberado al acogerse a la justicia transicional creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. A partir de ahora, se espera que se retiren sus condecoraciones como parte de las sanciones impuestas por la JEP.
