En noviembre de 2023, se publicó un artículo que adelantaba la crisis que los colombianos enfrentarían debido a la negligencia del Gobierno, especialmente del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Dos años después, la situación del sistema de salud es alarmante y sigue empeorando. La testarudez de Petro y Jaramillo ha llevado a un deterioro evidente en la atención sanitaria.
Recientemente, una organización que representa a pacientes con enfermedades hepáticas y renales ha llevado su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su objetivo es obligar al gobierno de Petro y a Jaramillo, a quien se le critica por su enfoque más político que médico, a restaurar la atención sanitaria que previamente ofrecían las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Esta atención ha disminuido como resultado de la reducción de recursos estatales que se asignan a estas entidades, lo que han justificado como un intento de evitar el «robo» al Estado.
Es importante aclarar que las EPS tienen una historia controvertida. Durante años, han sido acusadas de enriquecer a sus propietarios mientras brindaban una atención deficiente. Sin embargo, la estrategia del ministro Jaramillo de reducir drásticamente los fondos destinados a las EPS no castiga a estas entidades, sino que afecta directamente a los pacientes. Su visión limitada del sistema de salud impide que reconozca que, en la actual estructura, las EPS son necesarias para garantizar la atención a los ciudadanos. Al despojar a estas entidades de recursos, lo que ocurre es un colapso en la calidad de la atención que reciben los pacientes, resultando en que aquellos con enfermedades crónicas se queden sin medicamentos.
La situación es crítica; muchas personas deben gastar hasta el 50% de su salario en medicamentos que previamente les eran proporcionados por las EPS. El problema va más allá de los números, ya que el desabastecimiento de medicamentos ha comenzado a tener consecuencias mortales. Sin embargo, el ministro Jaramillo no aborda este aspecto en su discurso, revelando una indignación que parece selectiva.
El ministro ha manifestado su descontento hacia las EPS, acusándolas de mal manejo y corrupción, pero ha eludido hacer denuncias contra los interventores de la Superintendencia de Salud, quienes también han sido responsables de malversar millones en el sector. Jaramillo, al no reconocer el daño que se está causando bajo su supervisión, decepciona a una población de 50 millones de personas que dependen del sistema de salud.
Este comportamiento es considerado inmoral y puede ser calificado de ilegal. La ley 1751, que regula el sector salud, establece que el Estado debe proteger el derecho a la salud y evitar acciones que puedan deteriorar la salud pública. Jaramillo parece estar ignorando estas directrices. La pregunta que persiste es: ¿Hasta cuándo se tolerará esta situación?
