Detención de Leire Díez y Otros en Caso de Corrupción

La ex militante socialista Leire Díez fue detenida el miércoles junto a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de Servinabar. Su arresto se enmarca en una trama de corrupción relacionada con cinco operaciones en las que se otorgaron ayudas y contratos que suman un total de 132 millones de euros, según han confirmado fuentes jurídicas.

Comparecencias y Medidas Cautelares

Los tres detenidos comparecieron ante el magistrado Antonio Piña del Juzgado Central de Instrucción 6 el sábado, en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario y que se centra en delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Tras su declaración, Piña decidió dejarlos en libertad, aplicando medidas cautelares que incluyen la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada 15 días, según las fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción no solicitó prisión provisional, lo que impidió que el juez pudiera decretar el encarcelamiento de los sospechosos. A pesar de las “numerosos indicios” y la “gravedad de los hechos” mencionados, el juez optó por estas medidas cautelares. Leire Díez, al salir de la Audiencia Nacional, se cubrió el rostro con una capucha y abandonó el lugar en taxi.

Operaciones Sospechosas y Grupo de WhatsApp

La investigación se centra en cinco operaciones que presuntamente fueron amañadas, involucrando a empresas como Mercasa, Enusa, y Forestalia, entre otras. En particular, la empresa Forestalia recibió 17.3 millones a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip), mientras que Tubos Reunidos recibió un rescate de 112.8 millones de euros aprobado por SEPI en 2021. Además, los implicados utilizaban un grupo de WhatsApp llamado “Hirurok”, que se traduce como “nosotros tres” en euskera, según la policía.

Detalles de la Investigación

El juez Piña tomó el mando de esta investigación tras un trabajo prolongado por parte de la Fiscalía. Las autoridades creen que la trama de corrupción comenzó tras la llegada del PSOE al gobierno, con la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2018. En ese contexto, Fernández asumió el liderazgo de la SEPI, mientras que Díez fue nombrada responsable de Comunicación de Enusa, una empresa pública con vínculos políticos controvertidos.

Fuentes dentro de la investigación indican que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando operaciones que, al menos, se desarrollaron entre 2021 y 2023, relacionadas con montos facturados que podrían corresponder a comisiones ilícitas. Este sábado, se ha cuestionado a Fernández Guerrero sobre contratos y su vinculación con Servinabar, donde también trabajó como asesor externo.

Los abogados de Leire Díez han señalado que ella decidió no declarar debido a que el caso permanece bajo secreto, lo que le impide conocer de qué se le acusa. Sin embargo, no descartan hacerlo en el futuro al tener acceso al contenido del sumario.

Registros y Recolección de Pruebas

Desde el inicio de la investigación, se han llevado a cabo 19 registros en diversas provincias de España. Estos incluyen un piso en Madrid donde Díez mantenía reuniones con empresarios, un despacho de abogados en Sevilla y las oficinas de Servinabar. También se han recolectado documentos en la SEPI, Enusa, Mercasa, y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), entre otros.

La investigación se encuentra en una fase inicial, según han indicado diversas fuentes jurídicas, y se anticipan más pesquisas en el futuro.