Operaciones ilegales de un año: Jacobo Reyes y Jorge Alberts
En diciembre de 2024, Jacobo Reyes León y Jorge Alberts Ponce disfrutaban de un auge en sus negocios ilegales. Reyes lideraba una operación de contrabando de diésel a través de la frontera sur de México con Guatemala, mientras que Alberts gestionaba contratos en la alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México, y controlaba invasiones de terrenos en el área metropolitana. Los dos mantenían una comunicación constante.
El poder del tráfico de armas y diésel
Alberts dirigía varias empresas de seguridad y contaba con un sistema eficaz para obtener armas y los permisos necesarios para portarlas. Reyes frecuentemente solicitaba armas o mano de obra, y en una conversación, afirmó que él era quien «tenía los pantalones» y que estaba a cargo.
Ambos se beneficiaron de múltiples acuerdos antes de finalizar 2024. El 17 de diciembre, Alberts comunicó a Reyes que la alcaldía de Cuajimalpa, bajo el control de Carlos Orvañanos, le había otorgado contratos de «fumigación», además de planes para seguridad y construcción. Reyes, satisfecho, proclamó: «prácticamente somos los dueños de Cuajimalpa». La adquisición de una franquicia de seguridad Segurimex solo aumentó su confianza.
La red del huachicol y su estructura empresarial
La red de empresas involucradas en este sector operaba en paralelo con un lucrativo esquema de robo de combustible, conocido en México como huachicol. Además de Segurimex, Reyes y Alberts controlaban múltiples empresas de seguridad privada que encubrían operaciones de tráfico de armas. Este entramado empresarial estaba conectado con otros empresarios del sector y un grupo de intermediarios que facilitaba la obtención de permisos de armas ante la Secretaría de Defensa (SEDENA).
Contratos sospechosos y prácticas cuestionables
Los contratos que manejaban estas empresas ofrecen un vistazo a un sector opaco. Por ejemplo, Cusaem, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), recibió contratos por más de 1 mil millones de pesos (54.7 millones de dólares) que han suscitado sospechas. Un contrato con la extinta Policía Federal por 801 millones de pesos (43.9 millones de dólares) carecía de comprobantes de los servicios prestados.
Funcionarios públicos y empresas de seguridad
Funcionarios con trayectorias cuestionables también han utilizado empresas de seguridad para lucrar. Hernán Bermúdez, alias «Comandante H», exsecretario de seguridad en Tabasco y actualmente preso por dirigir una organización criminal, creó cinco empresas de seguridad que obtuvieron contratos multimillonarios con entidades públicas.
Las conversaciones reveladoras del caso Miss Universo
Las grabaciones de conversaciones entre Reyes y Alberts durante principios de 2025 revelan aspectos oscuros del negocio. Hablan sobre la adquisición de armas, el alquiler de licencias y el contacto con un fabricante de cartuchos. A principios de enero, Reyes indicó que el costo de portar un arma era de 11,000 pesos (600 dólares) al mes, mencionando varios tipos de armas disponibles.
Conversaciones similares eran frecuentes, ilustrando un esquema de licencias que incluía relaciones con la SEDENA. En una llamada, Alberts mencionó que un contacto había salido de una reunión con la Secretaría de Defensa para resolver problemas con licencias de armas, sugiriendo que se requerían sobornos para agilizar el proceso.
Identidades clave y actividades delictivas
Un personaje importante en este esquema es «Capitán Julián Cortés», quien se encargaba de la logística y suministro de armas. En discusiones sobre envíos desde Tijuana, se hacía mención de varios tipos de armamento, evidenciando una red bien establecida para el tráfico de armas.
Durante una conversación en diciembre, se destacó que este grupo vendía armas, mostrando cómo operaban entre la legalidad y la ilegalidad, aprovechando conexiones estratégicas en la administración pública.
A pesar de la aparente tranquilidad en sus operaciones, la preocupación por posibles represalias y la vigilancia era constante. En varias ocasiones, se mencionaron preocupaciones sobre la seguridad de su red y las implicaciones de sus acciones delictivas.
La complejidad de estas operaciones pone en evidencia las interconexiones entre el crimen organizado, el tráfico de armas y la corrupción en las instituciones gubernamentales.
