El consejo de administración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó el pasado martes la destitución de Ismael Bahíllo, quien ocupaba el cargo de subdirector de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados. Esta decisión fue propuesta por la presidenta del organismo, Cani Fernández.
Cese en un contexto clave
El cese de Bahíllo, efectivo a partir del 1 de enero, se presenta en un momento crítico. Coincide con el cierre del trámite de las controvertidas circulares sobre la retribución de las redes eléctricas para los próximos seis años, así como el inicio de la elaboración de las normativas correspondientes a las redes de gas natural que desean entrar en vigor en octubre de 2026. Este contexto es relevante, dado que se encuentra a solo siete meses del final del mandato de Cani Fernández como presidenta de la CNMC.
Discrepancias internas
Fuentes del sector sugieren que la destitución se debe a desacuerdos internos relacionados con las circulares de las redes eléctricas, especialmente en lo que respecta a la propuesta de tasa de retribución financiera (TRF) de la distribución eléctrica hasta 2031. Bahíllo había solicitado mejoras en esta propuesta, la cual es de su responsabilidad. Sin embargo, otras fuentes apuntan que la relación de Bahíllo con su superior inmediata, la directora de Energía, Rocío Prieto, y la propia presidenta había sido conflictiva durante un largo periodo.
Reacción del sector
La salida de Bahíllo ha provocado consternación en el sector energético, ya que sucede en un momento crítico para la aprobación de las circulares, un periodo en el que, tradicionalmente, se tiende a mantener un perfil más bajo por parte de los directivos. Desde la CNMC, se afirmaron que los nombramientos y ceses del equipo directivo son competencia del Pleno, y que el trabajo realizado por los servicios técnicos fue respaldado. Sin embargo, el artículo 18.3 de los Estatutos de la CNMC establece que la directora de Energía debe ser consultada en estos casos.
Desarrollo de las circulares
Las compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, junto a la patronal Aelec, han presentado alegaciones ante el Consejo de Estado sobre la propuesta normativa de la CNMC. Este organismo ahora espera la respuesta del Consejo, que deberá devolver el expediente con o sin objeciones. La aprobación de las circulares es crucial antes del 28 de diciembre para que puedan entrar en vigor el 1 de enero, de lo contrario, se prorrogaría la actual retribución con una TRF del 5,58% durante seis años.
Controversias en la retribución
La TRF propuesta de un 6,58% es considerada insuficiente por las empresas, que buscan un mínimo del 7%. Adicionalmente, se incluye una nueva metodología de cálculo de la retribución de la distribución, que varios consejeros y el Ministerio para la Transición Ecológica consideran “discriminatoria” en comparación con las redes de transporte en alta tensión. Esto introduce un mayor riesgo en las inversiones de distribución sin un impacto similar en el transporte, que mantiene la misma tasa.
En sus orientaciones de política energética, el ministerio dirigido por Sara Aagesen considera que las propuestas están alineadas con la política general, pero destaca la importancia de considerar el diferente perfil de riesgo entre la distribución y el transporte. Además, hace hincapié en evitar incentivar infraestructuras de gas, dado que no forman parte de una transición energética sostenible.
Las empresas, a través de alegaciones presentadas por separado, denuncian ante el Consejo de Estado que la tasa propuesta por la CNMC es «discriminatoria» al compararse con las redes de gas y otros sectores regulados, como telecomunicaciones, transporte aéreo o ferroviario, en los que se asume riesgo y se retribuyen las inversiones según la evolución de la demanda. Insisten en que la TRF para las redes de transporte se sitúa al nivel de la distribución, cuando en realidad las infraestructuras de Red Eléctrica deberían seguir bajo el modelo anterior sin riesgo.
