Álvaro Ashton y las Revelaciones sobre Parapolítica en la Costa Caribe
En febrero pasado, el exsenador liberal Álvaro Ashton se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la esperanza de colaborar en la aclaración de los nexos entre el paramilitarismo y la política en la Costa Caribe colombiana. Ocho meses después, sus declaraciones han generado un impacto significativo, ya que Ashton ha comenzado a mencionar a figuras prominentes del panorama político, como Armando Benedetti, actual ministro del Interior; Efraín Cepeda, expresidente del Senado y precandidato presidencial del Partido Conservador; y Fuad Char, un notable cacique regional.
Trayectoria de Álvaro Ashton
Álvaro Ashton Giraldo, oriundo de Barranquilla y de 67 años, es una de las figuras más reconocidas del liberalismo costeño desde la década del 2000. Ingresó al Congreso en 2002 como representante a la Cámara y posteriormente fue elegido senador en tres ocasiones hasta 2018. Durante su carrera, Ashton se posicionó como un líder influyente en el Atlántico, creando alianzas con importantes figuras políticas de la región, incluidas las familias Char y grupos cercanos a Armando Benedetti y José David Name, senador del Partido de la U.
El Contexto del Paramilitarismo en la Costa Caribe
Durante los años en que el paramilitarismo se extendía por la Costa, numerosos dirigentes locales y miembros del Congreso consolidaron su poder con el apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar más grande del país. Entre 2002 y 2006, el Bloque Norte, bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, controló varias regiones, incluyendo Atlántico, Magdalena y Cesar. Este control permitió que impusieran candidatos y aseguraran votos masivos en su favor, influyendo en decisiones políticas y contrataciones públicas. La parapolítica llevó a que más de 60 congresistas fueran investigados por la Corte Suprema, poniendo de manifiesto la infiltración del paramilitarismo en la política nacional.
La Caída y el Testimonio de Ashton
La carrera política de Ashton comenzó a decaer en 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia lo investigó por sus presuntos vínculos con el Bloque Norte de las AUC. Un año después, fue detenido y enfrentó acusaciones por concierto para delinquir agravado. Ashton también fue vinculado al caso de corrupción conocido como el ‘cartel de la toga’, por supuestos sobornos a un exmagistrado. Aunque negó las acusaciones, la Corte dejó en firme el caso, lo que lo llevó a mantener su nombre conectado con la política de la parapolítica.
Con pocas alternativas para mitigar sus penas, Ashton se dirigió a la JEP, tribunal creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Aunque su función principal es juzgar a excombatientes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública, la JEP ha permitido que otros responsables de la guerra se presenten voluntariamente. Según sus declaraciones iniciales, Ashton ha mencionado a varios excongresistas de la Costa que, según él, recibieron apoyo económico de las AUC para acceder al Congreso durante los años 2000.
Las Implicaciones de sus Declaraciones
Ashton ha afirmado que políticos como Benedetti, Cepeda y Char promovieron leyes que beneficiaban a las AUC, facilitando así su desmovilización. Efraín Cepeda ha desmentido estas acusaciones, anunciando acciones legales por injurias y calumnias. En una entrevista, expresó que su actividad política es limpia y que Ashton busca notoriedad mencionando nombres de figuras públicas.
El presidente Gustavo Petro también hizo pública su opinión sobre el testimonio de Ashton, afirmando que refleja una “verdad popular” y sugiriendo que se debe esperar su validación judicial. La situación ha suscitado tensiones, especialmente entre el gobierno y los sectores tradicionales de poder en Barranquilla, apuntando al clan Char como influyente en procesos judiciales y mediáticos.
El Rol de la JEP y el Futuro de Ashton
La JEP considera que las declaraciones de Ashton poseen un “alto valor” para reconstruir la verdad histórica de la infiltración del paramilitarismo en la política regional. Los magistrados han señalado que ha proporcionado información sobre las estrategias de apoyo electoral de las AUC, así como detalles sobre la financiación de campañas y reformas legales diseñadas para favorecer a los paramilitares. El camino de Ashton en la justicia transicional apenas comienza, y para que su colaboración tenga consecuencias legales, deberá presentar pruebas y testimonios verificables.
