Gustavo Petro, presidente de Colombia, prometió un gobierno con “cero tolerancia” contra la corrupción durante su juramento el 7 de agosto de 2022. Sin embargo, diversas controversias han cuestionado esta afirmación, particularmente tras la reciente imputación por parte de la Fiscalía de dos de sus exministros, en un contexto de elecciones legislativas y presidenciales inminentes.
Imputaciones de la Fiscalía contra exministros
Los exministros implicados son Ricardo Bonilla, quien se desempeñó como ministro de Hacienda entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior en el mismo periodo. La Fiscalía los ha acusado de haber instigado al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, para que desvíe fondos a contratistas a cambio de apoyo político en el Congreso. Esta acusación se fundamenta en las confesiones de López y de su subdirector, Sneyder Pinilla, quienes están negociando reducciones de pena.
Repercusiones políticas y la imagen del gobierno
A pesar de que no existe certeza sobre su detención, la noticia ha generado un impacto inmediato en la percepción pública sobre el gobierno de Petro, especialmente en materia de corrupción. Este escándalo se suma a la condena y confesión de Pinilla, lo que ha reforzado la creencia de que algunos funcionarios del gabinete han sido parte de un desfalco en recursos públicos.
La acusación es especialmente grave, ya que involucra a personajes clave dentro del gobierno, lo que arroja dudas sobre la capacidad de Petro para llevar a cabo su agenda de cambio político y su compromiso con la transparencia que prometió durante su campaña electoral.
Contexto y antecedentes
Bonilla y Velasco fueron nombrados en un momento crítico, cuando Petro modificó su coalición legislativa para avanzar en proyectos clave como la reforma tributaria y políticas de paz. La relación entre el presidente y sus ministros se tornó compleja debido a la oposición de algunos miembros más moderados de su gabinete, quienes se mostraron reacios a abordar reformas a la salud que siguen estancadas en el Congreso.
Con el nuevo escándalo sobre la mesa, las conversaciones en torno a la corrupción se intensificarán mientras se acercan las elecciones. Según una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el 19,8% de los colombianos considera que la corrupción es el principal problema del país, superada solo por la inseguridad.
Un historial de escándalos de corrupción
Colombia ha experimentado varios escándalos de corrupción a lo largo de los años, como la yidispolítica durante el gobierno de Álvaro Uribe y la controversia de la mermelada durante la administración de Juan Manuel Santos. Si bien la Fiscalía aún no ha acusado formalmente a Bonilla ni a Velasco de apropiarse de bienes públicos, la situación del caso UNGRD se vuelve más crítica debido a la implicación de un presidente en funciones, que ha prometido reformar la política colombiana.
El caso actual sugiere que las viejas prácticas de corrupción en el país aún persisten, desafiando las promesas de cambio radical que llevaron a Petro a la presidencia.