El futuro de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro se encuentra en un punto crucial tras la decisión de la Corte Constitucional de apartar al magistrado Héctor Carvajal de la discusión del proyecto de ley más significativo para el Ejecutivo. Este lunes, la sala plena del tribunal aceptó la recusación presentada contra Carvajal, debido a sus contratos previos con Colpensiones, entidad para la cual proporcionó un concepto sobre la reforma. Ante la salida de Carvajal, los ocho magistrados restantes votaron sobre la constitucionalidad de la ley, pero no lograron alcanzar una mayoría. Por ello, se convocó al conjuez Carlos Pablo Márquez para completar el quórum necesario y definir el caso.
El presidente Gustavo Petro ha criticado enérgicamente esta decisión, afirmando que la postura de algunos magistrados podría frustrar la reforma pensional y perjudicar a los trabajadores colombianos. En su cuenta de X, el mandatario expresó que «sería un gran insulto a la idea de construir un estado social de derecho» y cuestionó la aversión hacia el derecho a una pensión digna. Además, acusó a los magistrados que votaron en contra de la reforma de no comprender las repercusiones que esto tendría en los fondos privados de pensiones y en la población adulta mayor.
La salida del magistrado Carvajal ha significado una pérdida significativa para la defensa de la constitucionalidad de la reforma, que alinea a varios magistrados con el presidente Petro. En la votación, el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, junto a otros tres magistrados, se manifestaron en contra de la reforma. La recusación fue impuesta por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien argumentó que los anteriores contratos de Carvajal con Colpensiones lo inhabilitaban para participar en la decisión, un argumento respaldado por una amplia mayoría de los magistrados (7-1).
A pesar de la ausencia de Carvajal, la Corte deberá continuar revisando el fondo y la forma en que se aprobó esta reforma, que propone crear un sistema de pilares para eliminar la competencia entre el régimen público y los fondos de ahorro privados. Además, busca establecer un pilar solidario que garantice un bono mínimo de subsistencia para más de tres millones de adultos mayores que actualmente viven en situación de pobreza.
Los magistrados también deberán determinar si la votación de la Cámara de Representantes cumplió con los requisitos legales y si se subsanaron los vicios de trámite identificados en la primera votación, un argumento que es refutado por la ponencia de Ibáñez. Este proceso podría extenderse por meses, ya que la Corte ha suspendido los plazos de sus procedimientos. Por otro lado, el presidente Petro ha reiterado la necesidad de conformar una asamblea constituyente para respaldar sus reformas, indicando que «la instauración del comité para reunir las firmas suficientes para convocar la asamblea constituyente debe ponerse en práctica».
