Vínculos entre disidencias de las FARC y altos funcionarios del Ejército colombiano
Una reciente investigación de Noticias Caracol ha revelado conexiones preocupantes entre el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las extintas FARC, y altos mandos del Ejército colombiano. El informe publicado este domingo destaca la implicación de un general y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en actividades de colaboración con este grupo armado.
Detalles del informe
De acuerdo con las investigaciones, el EMBF liderado por Alexander Díaz, conocido como Calarcá, recibió información estratégica para evadir operativos de las Fuerzas Militares. Además, este grupo armado obtuvo apoyo para realizar desplazamientos seguros en áreas de conflicto. Estas revelaciones han generado una fuerte conmoción en un país que enfrenta un aumento de la violencia tras el colapso de las negociaciones de paz promovidas por el gobierno de Gustavo Petro desde su llegada al poder en 2022.
El general Juan Miguel Huertas y su papel en el conflicto
El general mencionado en la investigación es Juan Miguel Huertas, quien se retiró durante el gobierno de Iván Duque y fue reincorporado a la fuerza pública en agosto de 2023. Actualmente, ocupa el cargo de jefe del Comando de Personal del Ejército, encargado de nombramientos y movimientos dentro de las fuerzas armadas. El director de operaciones de la DNI, Wilmar Mejía, también figura en el informe, supuestamente colaborando con Huertas en la alianza con el EMBF.
Filtraciones y operaciones encubiertas
Una de las filtraciones más alarmantes incluye información reservada que permitió al EMBF evadir operaciones en zonas como Catatumbo, sur de Bolívar y Antioquia. Un comandante del grupo, cuya identidad se mantiene en secreto, afirmó que contaron con puntos designados para comunicarse con fuerzas militares de manera segura. “Nos dijeron dónde podíamos movernos sin riesgo”, explicó. Asimismo, Huertas habría garantizado que no habría paradas durante los desplazamientos del grupo, según escritos de integrantes del EMBF.
Propuesta de empresa de seguridad privada
Otro aspecto clave de la investigación es la supuesta creación de una empresa de seguridad privada en colaboración entre Huertas, Mejía y las disidencias. Según documentos, la intención era “legalizar” a aproximadamente 20 hombres del grupo armado, con la justificación de aumentar la seguridad en sus movimientos. “El general sugirió que él obtendría los permisos mientras nosotros proveeríamos los hombres y armas”, se menciona en una carta reveladora.
Detenciones y falta de acción judicial
El informe también hace referencia a la detención en julio de 2024 de una caravana que incluía a siete líderes disidentes, incluyendo a Calarcá. Pese a la incautación de dispositivos con información crucial, la investigación sostiene que la Fiscalía no ha tomado medidas adecuadas al respecto. Además, se menciona un presunto vínculo con un empresario chino para la adquisición de armas, que aparentemente no ha sido investigado de manera efectiva.
Conflictos internos en las disidencias
Los mensajes de 2024 entre líderes disidentes revelan tensiones entre Calarcá y otro líder, Iván Mordisco. Aunque ambos pertenecían al Estado Mayor Central (EMC), actualmente compiten por el control del negocio del narcotráfico. Un subalterno de Mordisco expresó su descontento por la supuesta cercanía del gobierno con Calarcá, quien continuó con las negociaciones de paz.
Reacciones de los involucrados y del Gobierno
Tanto el general Huertas como Mejía han ofrecido sus versiones a Noticias Caracol, rechazando las acusaciones y calificándolas de montajes. Huertas indicó que hay un interés en desprestigiarlo, mientras que Mejía señaló que todo es parte de una conspiración de “oficiales corruptos”.
Investigación gubernamental
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación sobre estas alegaciones. Subrayó que “la cooperación con criminales es una línea roja” y que se actuará con “la máxima celeridad” frente a cualquier infracción. A su vez, la vicepresidenta Francia Márquez desmintió rotundamente cualquier vinculación, pidiendo responsabilidad y rigor al periodismo. La fiscal general se encuentra en proceso de evaluar el informe presentado.
Reacciones políticas
La noticia ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Roy Barreras, precandidato presidencial, ha llamado a la creación de una comisión de alto nivel para investigar la situación, mientras que otros líderes, como Vicky Dávila y Claudia López, han expresado sus preocupaciones sobre la corrupción en las negociaciones de paz y la ineptitud de las autoridades judiciales.
