Protestas contra las Zonas de Bajas Emisiones en España
Este fin de semana, ciudadanos en contra de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han llevado a cabo marchas lentas en varias ciudades españolas. El descontento se centra en la restricción a la entrada de vehículos más contaminantes, aquellos sin etiqueta de la DGT. Decenas de asociaciones han organizado estas protestas para exigir a las autoridades que permitan la circulación de estos vehículos en los núcleos urbanos. «No podemos convertir las ZBE en fronteras en nuestras propias ciudades», afirman desde la plataforma de afectados ASOPARC.
Principales puntos de protesta
Barcelona y Madrid, que concentran casi 100 kilómetros cuadrados de ZBE, han sido los focos principales de las manifestaciones. En Barcelona, la protesta comenzó en Santa Perpetua de la Mogoda, a casi 20 kilómetros del centro, reuniendo cerca de 350 vehículos. La marcha finalizó en la avenida de la Reina María Cristina, donde alrededor de 200 coches se estacionaron bajo las Torres Venecianas. En Madrid, los manifestantes de la plataforma AVARM recorrieron desde la plaza de las Ventas hasta la puerta de Alcalá.
Rechazo a políticas ambientales
Las consignas en todos los puntos de protesta han sido claras y unánimes. Los manifestantes se oponen a lo que consideran políticas ambientales «discriminatorias». Mònica Xufré, vicepresidenta de ASOPARC, argumenta que estas normativas afectan a los sectores más vulnerables, como los trabajadores autónomos. “Si puedes pagar, eres ciudadano de primera. Eso no es ecologismo, es marginación”, subrayan en un comunicado conjunto difundido en redes sociales.
Vínculo político y futuro de las ZBE
Los organizadores han enfatizado que sus protestas no están vinculadas a ningún partido político, a pesar de que algunos, como Vox y Aliança Catalana, han mostrado apoyo a sus demandas. Actualmente, los convocantes dirigen su atención hacia la ampliación de las ZBE a municipios de más de 20,000 habitantes, prevista para el 1 de enero de 2026. La Ley de Cambio Climático de 2021 ya obligaba a 153 municipios de más de 50,000 habitantes a implementar estas regulaciones a partir de 2023. Sin embargo, el cumplimiento ha sido laxo en muchos casos, un aspecto que el Ministerio de Transición Ecológica busca cambiar mediante un nuevo decreto.
Movimientos legales y propuestas
ASOPARC ha manifestado la posibilidad de llevar a la DGT y al Ministerio de Transición Ecológica a los tribunales, inspirándose en el modelo francés, donde en mayo la Asamblea Nacional anuló una normativa similar tras la presión de varios sectores políticos. Xufré concluye que las ZBE «no funcionan», señalando que en Barcelona no ha disminuido el tráfico, sino que, por el contrario, ha aumentado debido a la mayor presencia de repartidores a domicilio y vehículos de VTC. «La solución pasa por una mejora estructural del transporte público», afirmó.
