La reciente ola de bombardeos en Colombia, ordenados por el presidente Gustavo Petro, ha resultado en la trágica muerte de al menos 15 menores de edad. Este desgarrador incidente ocurre en el contexto de las operaciones contra grupos armados liderados por alias Iván Mordisco, un hecho que sorprende, dado que Petro había criticado en el pasado tales acciones bélicas que afectan a la infancia.
La noticia de los menores fallecidos en el ataque en Guaviare, confirmada por Medicina Legal, ha generado una fuerte reacción pública. A pesar de que inicialmente la cifra se manejaba en 15, el propio presidente amplió el conteo a 20. Las revelaciones sobre estos bombardeos han emergido lentamente, únicamente bajo la presión de diversos sectores de la sociedad, incluidos aquellos que Petro antes consideraba aliados.
Justificaciones presidenciales
Gustavo Petro ha hecho declaraciones en redes sociales que contrastan con su postura crítica del pasado. Ha argumentado que los bombardeos no constituyen un crimen de guerra, basándose en la falta de información completa y el riesgo de que combatientes bien armados causaran la muerte de soldados. También indicó que, a pesar de las muertes, no hubo intención de ocultar información. No obstante, sus afirmaciones sobre haber intentado vías pacíficas y la falta de conocimiento sobre la presencia de niños entre los grupos armados han suscitado controversia.
El presidente ha citado problemas de improvisación y la ausencia de acuerdos concretos en sus intentos por establecer un cese al fuego. Este enfoque refleja una grave desconexión con la realidad sobre el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados, que es documentado ampliamente en redes sociales. Observaciones de activos en TikTok sobre la realidad de estos niños en las disidencias contradicen las declaraciones de Petro.
Reacciones institucionales
Desde el Ejército, el comandante Luis Emilio Cardozo ha señalado que no cuentan con la inteligencia militar necesaria para determinar la edad de los objetivos en las operaciones, argumentando que los menores también son considerados objetivos militares. Esta declaración ha sido recibida con críticas y ha planteado preguntas sobre las tácticas de las fuerzas armadas en enfrentamientos donde se involucra a la población civil.
La Defensoría del Pueblo había emitido alertas sobre el reclutamiento de menores en distintas regiones, sugiriendo que el Gobierno debería haber atendido estas advertencias y explorado alternativas antes de realizar bombardeos que resultan en la pérdida de vidas inocentes.
Un retroceso en derechos humanos
La reciente decisión del presidente Petro representa un retroceso en la política de derechos humanos aplicada en el Ejército. Al actuar de esta manera, Petro ha mantenido su enfoque en atacar a líderes de grupos armados, pero a costa de la vida de menores. El caso del bombardeo en la Amazonía pone de manifiesto la complejidad y los dilemas morales que enfrenta el mandatario en su intento por lidiar con la violencia en Colombia.
