La Evolución de la Relación entre el Estado y las Organizaciones Criminales en México
La relación entre el Estado y las organizaciones criminales en México ha atravesado tres etapas significativas que marcan el comportamiento y la influencia de estos grupos en la política y la sociedad. Este análisis permite comprender cómo ha cambiado la dinámica entre el poder gubernamental y el crimen organizado a lo largo de las décadas.
Primera Etapa: Sujeción y Control
La primera etapa se caracteriza por la sujeción de los grupos delictivos a las autoridades gubernamentales. Este período coincide con los años del priismo clásico, donde el crecimiento económico y la transformación demográfica se acompañaron de restricciones a las libertades y un control democrático limitado. Durante estos años, las organizaciones criminales operaban bajo la supervisión de diversos cuerpos de seguridad, como las policías judiciales, la Dirección Federal de Seguridad y las corporaciones municipales y estatales. Estos organismos asignaban zonas de operación y recaudaban cuotas proporcionales a las actividades ilícitas realizadas por dichos grupos.
Segunda Etapa: La Asociación Criminal
La siguiente etapa se inicia a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, marcada por la aparición de los cárteles de la droga. Ciudades como Guadalajara, Sinaloa, Tijuana y Ciudad Juárez se convirtieron en centros neurálgicos para el tráfico de drogas. Durante este tiempo, el modelo de sujeción se transformó en uno de asociación, en el que las organizaciones criminales comenzaron a colaborar con funcionarios para facilitar sus operaciones. Este cambio permitió que el narcotráfico, el tráfico de armas, y otras actividades ilícitas prosperaran, gracias al apoyo de autoridades en diversas áreas, desde la policía hasta el ámbito judicial.
Tercera Etapa: Dominación Criminal
La tercera etapa, que actualmente se observa, comenzó durante los años de transición política en México y se consolidó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, las organizaciones criminales han pasado de ser «socias» a actuar como jefes de las autoridades. En muchos territorios, estas organizaciones dominan a funcionarios de distintos niveles, desde cuerpos de seguridad hasta autoridades fiscales y migratorias. Esta nueva dinámica ha llevado a que un número creciente de funcionarios, incluidos diputados y gobernadores, operen bajo la influencia de grupos criminales, ya sea por lealtad, agradecimiento o temor.
La Polarización del Poder
Un punto crucial de análisis es si este periodo puede evolucionar hacia una fase donde las organizaciones criminales no solo dominen a los funcionarios, sino que se apoderen del propio Gobierno. En este sentido, es vital diferenciar entre la dominación de las funciones públicas y el control ejercido sobre el Estado mismo por quienes aún son considerados delincuentes.
La inquietud sobre el futuro de la vida política en México ha estado alimentada por la preocupación en torno a cómo ciertos grupos han manipulado las instituciones para afianzar su poder. Esta preocupación debe complementarse con la posibilidad de que las estructuras criminales busquen no solo ganar ventajas políticas y económicas frente al Estado y otras organizaciones rivales, sino también alcanzar el control estatal que les permita ejercer su dominio de manera legítima.
