Investigación por Bombardeo Militar en Guaviare que Cobró la Vida de Siete Menores
El bombardeo militar en Guaviare, ocurrido el pasado martes, dejó un saldo trágico de siete menores de edad entre los 19 fallecidos. Este incidente ha dado pie a dos procesos de investigación, uno por parte de la Fiscalía Militar y Policial y otro por la Procuraduría General de la Nación, que buscan determinar responsabilidades y posibles sanciones.
Investigaciones en Curso
La Fiscalía Militar y Policial ha abierto una indagación para evaluar si las acciones desplegadas durante el operativo contra las disidencias de Iván Mordisco se ajustaron a los principios del uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado. En su comunicado reciente, se omitió mencionar explícitamente a los menores, aunque se destacó la incautación de “material de guerra de alto poder ofensivo” y la neutralización de miembros del Nuevo Estado Mayor Central, que hace parte de las disidencias de las extintas FARC.
Por su parte, la Procuraduría ha anunciado que se investigará el operativo y se impondrán sanciones disciplinarias si se determina su pertinencia. En su declaración, se enfatizó la importancia de los derechos de los niños, condenando el reclutamiento y señalando que las fuerzas armadas deben perfeccionar sus procedimientos para garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
Responsabilidad y Reacciones
La muerte de los siete menores ha generado una fuerte conmoción en Colombia. La Defensoría del Pueblo destacó que la «responsabilidad originaria» recae sobre los grupos armados que reclutaron a estos menores como escudos humanos. Sin embargo, advirtió que esto no exonera a la fuerza pública de su deber de proteger a la población civil. La oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia también hizo un llamado a las fuerzas militares para que adopten medidas necesarias para proteger a los niños reclutados por grupos armados.
Controversias en el Gobierno de Gustavo Petro
La respuesta del Gobierno de Gustavo Petro ha suscitado polémica. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, justificó el accionar militar, argumentando que lo que define el estatus de combatiente no es la edad, sino la función dentro de una organización criminal. Mientras tanto, el presidente Petro reconoció la naturaleza lamentable de estas muertes, pero defendió la necesidad de proteger a los uniformados en riesgo durante el operativo.
Varios líderes de la oposición han criticado esta postura, señalando contradicciones en las declaraciones del presidente. Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial, instó al respeto del Derecho Internacional Humanitario en todas las situaciones, mientras que la senadora María José Pizarro cuestionó directamente al ministro Sánchez, afirmando que la responsabilidad del Gobierno es prevenir tales vulneraciones a los derechos humanos.
Complicaciones en las Investigaciones
A pesar de la indagación abierta por la Fiscalía Militar y Policial, las posibilidades de que estas investigaciones conduzcan a sanciones son limitadas. El tribunal de la Justicia Penal Militar no tiene competencia para investigar violaciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que genera dudas sobre la efectividad de estas indagaciones. Históricamente, esta jurisdicción ha cerrado casos de violaciones a derechos humanos sin sanciones a los implicados.
Amnistía Internacional también ha señalado problemas estructurales en esta justicia, indicando que las intromisiones en los procesos judiciales son un obstáculo significativo que contribuye a la impunidad en el país. La situación creada por el bombardeo en Guaviare es un ejemplo más de los desafíos que enfrenta Colombia en el ámbito de los derechos humanos.
