El Congreso de Colombia Bloquea el Proyecto de Jurisdicción Agraria
El Congreso de la República de Colombia se enfrenta a un estancamiento en la discusión del proyecto de jurisdicción agraria, diseñado para resolver las disputas de tierras en el campo colombiano a través de una nueva rama de justicia. Tras casi un año de acuerdos donde participaron todos los partidos políticos, la discusión se ha complicado en su etapa final, vinculada a la ley que asigna las competencias a esta nueva jurisdicción. Desde hace tres semanas, intentos de última hora por parte de opositores han llevado el proyecto a ser relegado en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado no ha sido ni siquiera agendado.
Intervenciones que Frenan el Debate
El 28 de octubre, la jurisdicción agraria se presentó como el primer tema a discutir en la plenaria de la Cámara. Sin embargo, antes del inicio del debate, senadores del Centro Democrático propusieron priorizar otros proyectos, lo que resultó en el aplazamiento de la discusión agraria. A pesar de que el presidente Gustavo Petro había logrado mantener mayorías en el Congreso en reformas anteriores, la votación en esta ocasión fue en contra del gobierno.
En sesiones posteriores, el proyecto de jurisdicción agraria continuó perdiendo posiciones en el orden del día, debido a nuevas proposiciones que priorizaban otros temas. Por ejemplo, el 4 de noviembre, la discusión se vio afectada por una propuesta de condecoración a un senador estadounidense, lo que desvió la atención del tema agrario. La semana siguiente, el 11 de noviembre, incluso se prefirió discutir la condecoración de una activista ambiental en lugar de las necesidades de aproximadamente 12 millones de campesinos colombianos.
Acciones Estratégicas de Dilación
El 12 de noviembre, aunque el proyecto de jurisdicción agraria estaba nuevamente en la agenda, muchos congresistas abandonaron el recinto, rompiendo el quórum necesario para la discusión. Este comportamiento fue observado no solo entre partidos opositores como el Centro Democrático y Cambio Radical, sino también entre algunos miembros del Partido Liberal y el Partido de la U, quienes en el pasado habían apoyado iniciativas similares.
Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico y ponente del proyecto, criticó la estrategia de dilación utilizada por sus colegas, señalando una «decisión política de no permitir que inicie la discusión de la jurisdicción agraria». La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha asistido constantemente al Congreso y comparte la preocupación sobre la falta de avance en el proyecto, atribuyéndolo a la presión de grupos empresariales y a una estrategia deliberada para evitar su aprobación.
Intereses Gremiales en Juego
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) ha estado activa en el lobby para frenar el avance del proyecto, proponiendo modificaciones que cambiarían aspectos fundamentales del mismo. Las nuevas disposiciones buscarían que todas las resoluciones sobre conflictos agrarios pasen obligatoriamente por un juez en lugar de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que ha manejado estos casos hasta el momento. El respaldo de opositores y algunos independientes a esta propuesta refleja la influencia de intereses que priorizan la inestabilidad en el campo.
Descoordinación Interna en el Gobierno
El desorden interno en el gobierno de Gustavo Petro también ha contribuido al estancamiento del proyecto. La falta de comunicación entre la ministra de Agricultura y el ministro del Interior ha sido señalada como un factor que ha obstaculizado el apoyo necesario para la discusión y aprobación de la jurisdicción agraria. A diferencia de brazos legislativos anteriores, la actual gestión no ha logrado movilizar recursos o incentivos para apoyar el avance del proyecto.
La combinación de estrategias opositoras, intereses empresariales y la falta de articulación dentro del gobierno han llevado a un escenario incierto para el futuro de la jurisdicción agraria, crucial para la resolución de conflictos en el campo colombiano.
