Un nuevo episodio de desalojo amenaza a los vecinos de Barcelona. Este martes, los residentes del número 83 de la calle Sepúlveda, en el barrio de Sant Antoni (Eixample), se manifestaron bajo el lema “bloque en lucha” junto al Sindicato Socialista de Vivienda del distrito. La situación surge tras la venta de la propiedad a la empresa Vandor, especializada en inversión y gestión inmobiliaria, que ha comenzado a notificar a varios inquilinos que sus contratos no serán renovados al finalizar.
Como en otros barrios, como Gràcia y Poble-sec, en el Eixample viven familias que han estado en sus pisos durante años, incluidos hogares con hijos y familias monoparentales. De los 28 apartamentos del edificio, ya hay nueve desocupados, y otros inquilinos enfrentan la incertidumbre sobre el futuro de sus arrendamientos, con contratos que finalizan pronto, algunos en diciembre y otros a comienzos de 2026.
Erika, una de las afectadas, expuso en una rueda de prensa que muchos vecinos se han marchado para evitar conflictos o porque se sienten impotentes ante la situación. A pesar de que los apartamentos vacíos aún no están en obras, permanecen cerrados, lo que agrava la preocupación entre los residentes.
El Sindicato ha denunciado que la situación en Sepúlveda 83 es un ejemplo del fenómeno que fuerza a las personas a abandonar sus hogares. “Grandes tenedores y fondos de inversión compran edificios enteros para lucrarse mediante prácticas como la fragmentación de pisos en habitaciones, alquileres de temporada y co-livings, afectando el derecho a la vivienda”, señalaron, haciendo referencia a otros casos como el del Bloc Papallona en la calle Llançà.
A pesar de haber intentado contactar con Vandor, el Sindicato y los vecinos aún no han recibido respuesta. La presión que están ejercitando busca iniciar una negociación con la nueva propiedad para detener lo que ellos consideran un “vaciado” del edificio. Boris Oleart, otro vecino afectado, manifestó a Betevé su preocupación: “Mis hijos están escolarizados en el barrio; aquí tenemos nuestra red de apoyo y no podríamos quedarnos ni en Sant Antoni ni en el barrio de al lado, por el alto coste de los alquileres”.
En febrero, las asociaciones de vecinos del Eixample presentaron un estudio de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAVB) que reveló que en el distrito hay 232 fincas gestionadas por empresas. Además, el 70% de los alquileres ofertados son de temporada y el 21% de las camas disponibles son para uso turístico. Desde 2016, se han contabilizado 4.000 desahucios invisibles, donde los afectados no han abandonado sus viviendas por decisión propia, sino por no poder afrontar los nuevos términos impuestos por los caseros. Estas organizaciones estiman que hasta 10.000 vecinos han sido expulsados bajo estas condiciones, multiplicando el número de edificios según una media de 17 apartamentos por finca y 2,5 personas por vivienda.
