A 40 años del asalto al Palacio de Justicia por parte del comando «Iván Marino Ospina» del M-19, se vuelve inevitable examinar las implicaciones de este evento, un símbolo destacado de la corrupción en el poder político, militar y administrativo del Estado colombiano y del desvío de una organización insurgente. Este luctuoso aniversario sigue siendo un llamado urgente a un alto al fuego en la memoria de todas las víctimas y a la reivindicación de la vida democrática, una democracia que, desde entonces, ha sido amenazada continuamente, reflejada en los cuerpos de cientos de líderes sociales y políticos asesinados. Hasta el 16 de octubre de este año, se reportaron 158 asesinatos, 50 más que las víctimas del Palacio.
El pasado presente
Cuarenta años después, el traumatismo de aquel suceso persiste en la memoria colectiva. La conmemoración de esta fecha se convierte en un escenario de discursos polarizados, donde se ignora la necesidad de reflexión crítica en favor del diálogo constructivo. Tanto el M-19 como la Fuerza Pública y el Gobierno han sido objeto de acusaciones, pero en medio de este conflicto de narrativas, los hechos no pueden ser ignorados. La búsqueda de la verdad se ve socavada por la retórica política que busca deslegitimar al adversario, y se ignoran las responsabilidades compartidas en la tragedia que ocurrió en nombre de los derechos humanos y la democracia.
El M-19 proclamó su acción como «Operación Antonio Nariño, por la defensa de los Derechos del Hombre», al intentar someter a juicio al presidente Belisario Betancur por el incumplimiento del Acuerdo de Paz. Sin embargo, esta lógica de defensa de los derechos humanos se contradice, ya que las acciones del M-19 implicaron un grave ataque a la vida de civiles inocentes que se encontraban en el Palacio. La seguridad del Estado tenía conocimiento previo de los planes del asalto, lo que evidencia la falta de protección y el colapso del Estado de Derecho.
La destrucción e incineración del Palacio de Justicia simboliza, de manera contundente, el deterioro del Estado de Derecho en Colombia. En el frontispicio del Palacio se podía leer la frase de Francisco de Paula Santander: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán libertad”, un recordatorio irónico de cuántas vidas se perdieron aquel día y cuántas más han sido sacrificadas en el proceso de búsqueda de una democracia que se siente más distante que nunca.
El papel del poder militar
La brutalidad de la operación militar y el desdén por la vida de los civiles durante el asalto son evidentes. El propio presidente Betancur asumió la «inmensa responsabilidad» del desenlace, que resultó en la muerte de cerca de 100 civiles y la desaparición de otros. La retórica en torno a la «retoma» del Palacio oculta la verdad sobre una incineración sistemática de la justicia. Esta aniquilación de la sede institucional de justicia resuena con la constante invocación de la ley y la moral que fue violentada en un acto que dejó profundas cicatrices en la sociedad colombiana.
La imploración del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, por un cese al fuego fue ignorada, lo que demuestra cómo el poder militar eclipsó el poder civil. Las Fuerzas Militares, bajo la premisa de defender la democracia, demostraron que lo hicieron a través de la violencia descontrolada, subrayando una violación sistemática de derechos humanos en nombre de la estabilidad política.
Memoria y justicia
Hoy, 40 años después, se continúa el debate sobre las implicaciones políticas e institucionales del asalto al Palacio, convirtiendo la conmemoración en un escenario para la revancha política y la búsqueda de réditos electorales. Las víctimas siguen siendo revictimizadas, y aquellos que cometieron estos actos siguen alzando la voz para evitar asumir sus responsabilidades. El desafío es transformar la memoria de las víctimas en un hecho que propicie el esclarecimiento y la verdad, evitando que se convierta en herramienta para la manipulación política.
La Fundación Carlos H. Urán surge como una iniciativa para generar una memoria democratizadora que evite la exaltación de los victimarios y asegure que los pasados dolorosos no se conviertan en fosas de impunidad y desinformación. Medios de comunicación y educación están llamados a reflexionar sobre sus roles en la divulgación de estas memorias. Solo a través de un esfuerzo colectivo podremos evitar que la historia se repita, y garantizar que el recuerdo del Palacio de Justicia sea un motor para la paz y la justicia en Colombia.
