La violencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha dejado su huella en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Manzo fue atacado a balazos el pasado sábado, coincidiendo con las celebraciones del Día de Muertos. Fuentes cercanas a la investigación apuntan que el ataque fue ordenado por el CJNG, que había sido golpeado previamente en agosto tras la captura de su líder local, René Belmonte, conocido como Rino. Este personaje es considerado un subordinado de los hermanos Álvarez Ayala, Ramón y Rafael, alias R-1 y R-2, quienes están entre los altos mandos del cartel.
La violencia en Uruapan, un municipio clave en la producción de aguacate con una población de alrededor de 350,000 habitantes, ha empeorado significativamente. Rino no solo lideraba el CJNG en la región, sino que también estaba detrás de un esquema de extorsión dirigido principalmente a agricultores pequeños y medianos que no pueden permitir medidas de seguridad adecuadas. “Todos los actos violentos se desataron tras su captura. Es un individuo altamente peligroso”, señala una fuente relacionada con la política local.
El mismo Carlos Manzo había solicitado apoyo al Gobierno federal y estatal tras la detención de Rino. En un video grabado el 27 de agosto, el alcalde instó a los habitantes a permanecer en casa, advirtiendo que sicarios del cartel se preparaban para invadir Uruapan. La violencia se intensificó posteriormente, incluyendo ataques contra policías locales. Tras el asesinato de un agente el 14 de agosto, Manzo buscó ayuda de las autoridades estatales para combatir la delincuencia.
La respuesta del Gobierno federal ha incluido el despliegue de múltiples cuerpos de seguridad en Michoacán, aunque la fuente consultada destaca que el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, no ha estado suficientemente comprometido con la situación. A pesar de que las cifras de homicidios han mostrado una tendencia a la baja, el entorno de inseguridad persiste, lo que genera malestar en la administración federal de Claudia Sheinbaum, particularmente en relación con la falta de atención del gobernador a los problemas de violencia.
Uno de los aspectos críticos del asesinato de Manzo fue la vulnerabilidad de su equipo de seguridad. Aunque contaba con una mayor presencia de guardias nacionales, la coordinación de la seguridad recaía en el estado. “La ayuda federal es el segundo círculo; el hilo conductor siempre debe ser el gobernador”, explica la fuente. La inestabilidad en las carteras de Gobierno, Seguridad y la Fiscalía desde que Bedolla asumió el poder en octubre de 2021 también ha contribuido a este ambiente de violencia.
El atacante, que tenía entre 17 y 19 años, llevó a cabo un acto que, en términos de supervivencia, era casi suicida. “Era consciente de que no había escapatoria”, comenta la fuente, que subraya la planificación requerida para realizar un ataque en un evento tan concurrido.
La cercanía del asesino con los Álvarez Ayala resalta los problemas que enfrenta la política regional en Michoacán. Un miembro de esta familia, Roldán, fue alcalde de Apatzingán hace más de 20 años y ha estado vinculado con diversos gobiernos estatales. En años recientes, ha competido por candidaturas en el partido Morena, que refleja un nexo problemático con el sistema político actual.
Los enredos judiciales que involucran a Ramón y Rafael Álvarez Ayala también ponen de manifiesto las dificultades del sistema de justicia en México. Ambos fueron detenidos en 2012 y liberados en 2016, lo que generó críticas sobre la eficacia del sistema penal y la lenidad de ciertos jueces.
La situación futura para Uruapan es incierta tras el asesinato de Manzo, con la expectativa de que su viuda, Grecia Quiroz, asuma de manera interina la alcaldía. Esta transición se considera urgente para abordar los temas administrativos y calmar las tensiones sociales generadas por el crimen. Sin embargo, el hecho de que su hermano, Juan Manzo, sea secretario de Gobierno del gobernador complica la política interna en juego. Fuentes consultadas sugieren que, a pesar de las protestas legítimas, hay intereses de partidos como el PRI y el PAN en desestabilizar a la administración de Ramírez Bedolla y Sheinbaum.
